Las ayudas sociales son esenciales para combatir la pobreza infantil

Vitoria - También en 2015 la actividad de la institución del Ararteko en el ámbito de las personas menores ha estado mediatizada por los efectos que la crisis económica está causando en las familias. De hecho, más de la mitad de las quejas a instancia de parte tramitadas el año pasado por el Ararteko y en las que había algún menor de edad afectado tenían relación con la precariedad económica y la vulnerabilidad social.

Los problemas de acceso a las ayudas sociales, la denegación o suspensión de prestaciones no solo son una parte importante de los casos estudiados por el Ararteko, sino que generan situaciones en las que los niños y niñas que forman parte de la unidad de convivencia privada de ayudas sufren las consecuencias. La constatación de esta realidad llevó al Ararteko a emitir una recomendación general -2/2015, de 8 de abril- acerca de La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos.

En su memoria anual, el Defensor explica que el contexto que justifica su petición a Lanbide de que tenga en cuenta la presencia de menores en los hogares a los que suspende alguna ayuda “viene definido por un incremento de la pobreza infantil; por la debilidad de las políticas de apoyo a las familias, con ausencia de políticas universales y de largo alcance; y por la efectividad parcial del sistema de garantía de ingresos que, según diferentes estudios, solo estaría llegando al 73% de la familias con hijos e hijas en situación de pobreza real, y sólo en el 30% de los casos estaría resultando plenamente eficaz”.

Las consideraciones que llevaron al Ararteko a plantear unas medidas de deferencia para las familias con menores son que los niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general, y que quienes crecen en la pobreza o la exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de buena salud y aprovechar todo su potencial. “Si no intervenimos -dice Manu Lezertua en su informe-, si no hacemos nada, la pobreza se transmite de padres a hijos”.

Consecuencias de la pobreza En este sentido, un informe publicado recientemente sobre Infancia, pobreza y crisis económica, destaca que “buena parte del futuro de una sociedad depende de las oportunidades y del nivel de bienestar que seamos capaces de ofrecer a las generaciones más jóvenes. La vivencia temprana de ciertas situaciones desfavorables puede tener consecuencias negativas en el desarrollo adulto. Por ejemplo, la presencia en la infancia de situaciones de pobreza o exclusión social dificulta la movilidad social, incrementa la probabilidad de fracaso y abandono escolar o predice la aparición de problemas de salud”.

En el informe de actividad entregado al Parlamento Vasco el Ararteko recuerda que “la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos tiene en cuenta la existencia de personas menores de edad a cargo de los titulares de la prestación para el cálculo de la cuantía de la prestación y en la consideración de la unidad de convivencia, pero nada más. No incorpora su interés superior como criterio ponderativo”. En su opinión, “la consideración del interés superior del menor podría llevar a entender que no cabe la suspensión o extinción de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda. Ello no implica que los incumplimientos de la unidad de convivencia no deban tener una respuesta ajustada por parte del ordenamiento jurídico en los casos en los que haya menores de edad ya que no se trata de crear un sistema de excepción, sino de ponderar adecuadamente los intereses que están en colisión”.

La iniciativa del Ararteko busca evitar que las familias con niños dejen de percibir ayudas sociales (RGI y PCV fundamentalmente) en el caso de que Lanbide detecte algún incumplimiento de las condiciones exigidas o de obligaciones. Su propuesta es que estas unidades de convivencia sean objeto de un procedimiento sancionador, pero que en los casos en los que se considere que la suspensión o extinción de la prestación afecta al interés superior del menor, se mantenga el abono de la prestación, aunque, tras los trámites correspondientes, se acuerde una sanción. “De esta manera -destaca Lezertua- las familias con niños o niñas a cargo tendrían garantizados los ingresos para hacer frente a las necesidades básicas, y se habría dado una respuesta proporcional al incumplimiento de la obligación”. El Ararteko apunta que tras publicar su recomendación general sobre ayudas y menores, Lanbide ha tenido en cuenta la presencia de niños en casos de revisión de ayudas y se han seguido sus indicaciones.

Problemas de alimentación En el informe específico sobre las actuaciones del Ararteko referidas a la infancia se hace también una mención a los problemas de alimentación que pueden tener los menores que viven situaciones de pobreza o privación material grave. Se recabó la opinión de diversos profesionales sanitarios pertenecientes a la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria para conocer “la realidad que detectan desde sus centros de salud respecto a pobreza y alimentación”. La conclusión de este seguimiento es que “con algunas diferencias según la localización de los centros de salud, hay consenso en que la pobreza no se está manifestando en la población que atienden en un aumento de problemas de malnutrición. Afirman que es posible hacer una alimentación equilibrada con poco dinero y que, tal vez, las causas de una inadecuada nutrición hay que buscarlas más en variables sociales y culturales, como la pérdida de la costumbre de cocinar y el abuso de la comida rápida.”

De los datos aportados por el Módulo EPDS-Pobreza en la Encuesta de Necesidades Sociales 2014, se destaca que entre los grupos en los que más avanza la pobreza y la precariedad están los niños y niñas. No sólo aumenta la pobreza infantil en la misma medida en que lo hace la de la población general en Euskadi, sino que las situaciones de pobreza real entre menores de 14 años avanzan a mayor ritmo: mientras la tasa de pobreza de la población mayor de 14 años aumenta en 1,4 puntos entre 2008 y 2014 (del 3,7% al 5,1%), el aumento es de 3,9 puntos en la población menor de 14 años (de 7,3% en 2008 a 9,5% en 2012 y 11,2% en 2014).

La evolución de la tasa de pobreza infantil ha hecho que los niños pasen a ser el grupo de edad de la población española con el riesgo de pobreza más alto. En la etapa de crecimiento económico eran las personas mayores de 64 años las que sufrían el riesgo de pobreza más elevado de la población, pero ya a partir de 2008 la situación cambia y este grupo pasa a ser el de los niños.

La crisis económica provoca un incremento muy alarmante de la pobreza severa que afecta en especial a los niños. De hecho, prácticamente uno de cada diez niños en España viviría por debajo de la línea de pobreza severa del 30%. Esto es muy grave si consideramos que este valor del umbral de pobreza era de 4.693 euros anuales (391 euros al mes) en un hogar monoparental con un hijo menor de 14 años, y de 7.581 euros anuales (632 al mes) en un hogar formado por una pareja con dos hijos.

Ya en 2005, España, con una tasa de pobreza infantil de 24 puntos, se situaba entre los países con uno de los riesgos más altos de pobreza relativa del entorno europeo. Esto significa que la tasa de pobreza infantil en España era más de 2,7 veces superior a la del país con la tasa más baja de toda Europa -Noruega-. Con la crisis, la tasa de pobreza infantil aumenta 6 puntos porcentuales, lo que implica que ahora España sea el segundo país por tasa de pobreza infantil de Europa, sólo por detrás de Rumanía.