Gasteiz - Tras la entrada en vigor del fondo público vasco para depositar las fianzas de los alquileres de viviendas, la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca-Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, EKA/ACUV considera “positivo” el decreto del Gobierno Vasco por el que los propietarios de pisos alquilados desde septiembre de 2015 depositen el aval correspondiente en el fondo público creado por el Ejecutivo al tiempo que aprecia que se trata de una medida “más segura” para quien arrienda la vivienda.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la EKA/ACUV aseguraban que esta disposición -incluida en la Ley vasca de Vivienda- es “positiva” por el hecho de que “ese depósito quede en manos de un tercero que no es una parte interesada” como es el arrendatario o el arrendado, “y más aún si es el Gobierno Vasco. Es una buena medida porque es más seguro para quien alquila un piso”, resumían.

En este sentido, indicaban que el arrendador “se asegura de que va a recibir la fianza” en caso de haya algún problema o desperfecto y si quien tiene alquilado el piso “tiene una disputa, una pelea, una bronca con el propietario y amenaza con no devolver la fianza”. Según expresaban desde este organismo, la medida implantada establece una serie de requisitos y garantías, por lo insistieron en que les parece “buena medida que esté en manos de la Administración”.

Garantías EKA/ACUV recordaba también la puesta en marcha “hace años” del servicio Alokabide por parte del Gobierno Vasco para “animar” a que muchos pisos vacíos salieran al mercado de alquiler, lo que hizo “que muchos propietarios que tenían miedo a poner la vivienda en alquiler tuvieran la garantía” de la gestión del Ejecutivo vasco.

En la actualidad, Alokabide gestiona como propietaria más de 3.200 viviendas sociales, que se suman a otras 2.800 viviendas sociales y alojamientos propiedad del Gobierno Vasco. Asimismo, existen otras 5.000 viviendas privadas del programa Bizigune, mediante el que un propietario particular cede a Alokabide su vivienda libre para destinarla a un alquiler social, a cambio de una serie de garantías.

Estas garantías, además de un servicio de intermediación del alquiler, se ofrecen en el Programa ASAP de viviendas libres, del que Alokabide es agente colaborador. Alokabide gestiona, además, unas 140 viviendas en la modalidad de arrendamiento que son propiedad de ayuntamientos y otras entidades.

Desde la EKA/ACUV sostenían que “en principio deberíamos confiar en las instituciones y en las administraciones en este tipo de cuestiones”. En este sentido, hicieron hincapié en que los propietarios “no deberían tener en principio ningún resquemor hacia esta medida”, porque en general, la garantía de la gestión “o de la supervisión por parte de la administración, siempre y cuando la administración sea limpia y funcione bien, es buena para todos”.

La iniciativa es un decreto de desarrollo de la Ley de Vivienda en el que se crea el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma vasca y establece la obligación de ingresar las fianzas en un fondo público, activado desde el pasado miércoles. Los caseros tendrán tres meses para hacerlo siempre que el contrato se haya firmado a partir del pasado 26 de septiembre. - E.P.