Atenas - El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apeló ayer desde Atenas a todos los “migrantes económicos” a no venir a Europa y advirtió además de que Grecia “ya no es más un país de tránsito”. “Pido a todos los migrantes económicos, de donde quiera que procedan, que no vengan a Europa, que no crean a los traficantes y que no pongan en peligro sus vidas y su dinero”, dijo Tusk durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Alexis Tsipras.
Tusk remarcó que “Grecia ya no será más un país de tránsito” y “que las reglas de Schengen entraran nuevamente en vigor”. Tsipras, por su parte, anunció que en la cumbre extraordinaria del próximo lunes pedirá “sanciones” para aquellos países que no cumplen el “principio fundamental” de la Unión Europea (UE) sobre el “reparto solidario de las cargas” entre sus miembros.
“Esperamos que se reconozca que Grecia no puede asumir sola la carga (de los refugiados). El Tratado de Lisboa contempla el reparto solidario. Nosotros cumplimos nuestros compromisos y esperamos sanciones para los que no lo hacen”, dijo el primer ministro griego.
Según Tsipras, Grecia ya ha asumido una carga superior a la posible, lo que no ha impedido que sea fiel a los principios arraigados en su cultura de ofrecer ayuda a las personas necesitadas. “Grecia hará todo lo posible por ofrecer ayuda a las personas que lo necesiten. Forma parte de nuestra cultura, otros países tienen otra forma de ser”, dijo.
Promesas incumplidas Tsipras calificó de “provocativo” el rechazo de algunos estados miembros de participar en la reubicación desde Italia y Grecia y en el programa de asentamientos desde Turquía y los países limítrofes de Siria, y emplazó a la UE a aplicar con rapidez lo acordado. Con ello se refirió al acuerdo el año pasado de la UE de reubicar a 160.000 refugiados desde Grecia e Italia, un compromiso que hasta ahora apenas ningún país ha cumplido.
El primer ministro heleno recalcó que Grecia está cumpliendo sus obligaciones y no solo ha abierto centros de primera acogida en los que se registra a “cada uno” de los migrantes y refugiados que llegan a las islas, sino también está devolviendo a Turquía a centenares de personas a las que se les rechazó la solicitud de asilo. “Además estamos construyendo con rapidez los centros de reubicación y de estancia temporal”, añadió.
Solo en los primeros dos meses de este año, 122.000 refugiados y emigrantes han entrado en Grecia, frente a los 129.000 que llegaron en los primeros seis meses de 2015, según datos de la ONU. Por su parte, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, aseguró que el objetivo es luchar contra el tráfico ilegal de personas entre la costa turca y las islas griegas, desde donde los refugiados, la mayoría sirios, y emigrantes continúan su viaje hacia países ricos del norte de Europa.
Tusk dijo que no solo se trata de establecer una cifra determinada de llegadas de emigrantes sino de acabar totalmente con la emigración irregular. “No se trata de cifras. Se trata de un proceso en marcha y permanente, lo que para mí significa la reducción y la eliminación total de este triste fenómeno”, dijo Tusk.
Por su parte, Davutoglu aseguró que su país cumplirá el acuerdo alcanzado con la Unión Europa y que contempla la entrega a Turquía de 3.000 millones de euros para que Ankara se haga cargo de la atención de los refugiados. Ese plan también contempla desbloquear las negociaciones para la entrada de Turquía en la UE y que los turcos dejen de necesitar visado para viajar a los países comunitarios. - Efe
Las ONG denuncian las medidas discriminatorias. Más de 20 ONG, entre ellas Oxfam Intermón y Save the Children, denunciaron ayer las medidas restrictivas y discriminatorias adoptadas por los países en la ruta de los Balcanes y alertó de los 2.500 niños bloqueados en la frontera de Grecia a Macedonia.
Dinamarca prolonga un mes los controles. El Gobierno danés anunció ayer que prolongará un mes más los controles fronterizos con Alemania introducidos a principios de año para frenar la llegada de solicitantes de asilo a este país escandinavo.
Grecia pide sanciones para los socios de la UE que no estén dispuestos a compartir las cargas de la crisis de refugiados y considera una “provocación” el rechazo de muchos países a acoger a los que huyen de las guerras.
