madrid- Cuando falta menos de mes y medio para las elecciones del 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó ayer la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar que tiene el objetivo de mejorar la atención a este colectivo, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con esta medida el Ejecutivo pretende atender a los entre 25.000 y 30.000 sin techo que se estima que hay en España, un colectivo que ha experimentado un aumento del 30% en los últimos años.

Esta Estrategia, que abarca el periodo 2015-2020, parte de un enfoque integral, que se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Según señaló el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, el plan tiene cinco líneas estratégicas: la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la información. Destacó la importancia de conocer las causas que llevan a estas personas a vivir en la calle y explicó que el 45% de ellas alude a la pérdida del empleo, el 26% a dificultades para pagar su alojamiento, un 20,9% a la separación de su pareja y un 19% a un cambio de localidad que le ha impedido conseguir vivienda. Alonso alertó, además, del incremento de los episodios violentos contra personas sin hogar, que se encuentran en una situación “francamente vulnerable”.

un muerto cada seis días Así, subrayó que cada seis días muere una persona sin hogar en un espacio público y más de un tercio de estas muertes sucede como consecuencia de una acción violenta. “Hay que evitar la discriminación y garantizar la seguridad y los derechos de las personas sin hogar, considerando el agravante de la aporofobia, el odio al pobre”, insistió. El ministro anunció, asimismo, su voluntad de poner en marcha, a través de las administraciones, el programa housing first para proporcionar una vivienda a estas personas “y a partir de ahí ir estableciendo con ellas un compromiso para trabajar en su inclusión”.

El plan pretende también reforzar la atención y la red para atender a estas personas. Recordó que en 2014 había en España 794 centros de acogida, un 7,7% más que en 2012 y que 17.572 personas trabajaban en atender a estas personas, el 60% de las cuales son voluntarios. En 2014, CCAA y ayuntamientos destinaban unos 220 millones de euros, un 10% más de los que se destinaba en 2012.

Alonso señaló que esta estrategia se quiere transformar en planes de acción que tendrán que aprobarse a lo largo del próximo año por parte de las administraciones. El proyecto, que forma parte el Plan de Inclusión Social, ha sido consensuado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las organizaciones del tercer sector y las comunidades autónomas, que lo aprobaron en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

El presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, dio la bienvenida a esta estrategia, “como a cualquier otra política a favor de las personas que viven en la calle”, pero subrayó que la pobreza no se resuelve con este tipo de medidas, sino con puestos de trabajo. Pidió ayer a los gobernantes que se acuerden también de aquellas personas que sí tienen una casa en la que vivir, pero ni tienen comida, ni pueden hacer frente a las facturas de la luz, el agua o la calefacción. “De esas hay muchas”, afirmó.

El padre Ángel lamentó que sólo se tomen este tipo de medidas en tiempos de elecciones y dijo que ahora que comienza la época de frío son numerosas las personas que se acercan hasta la iglesia de San Antón, que Mensajeros de la Paz gestiona, buscando un lugar donde pasar la noche. - Efe