MADRID. Así lo ha anunciado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras la reunión de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS en la que han trasladado a las comunidades una serie de "criterios mínimos" para garantizar la atención social y sanitaria a estos inmigrantes "no registrados ni autorizados como residentes en España y que carezcan de recursos económicos", y que ésta sea "homogénea" en toda España.

Moreno ha explicado que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque "tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas", pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente de Interior, no sabrán quiénes quedan registrados ya que "ni puede acceder ni pretende hacerlo".

"Se plantea que se incorporen a la base de datos nacional del SNS. No es un registro, tienen que estar identificados para poder recopilar la información clínica del paciente y evitar duplicidades. Es a efectos de seguimiento clínico y farmacológico, para que puedan retirar los medicamentos que les recete el médico, pero no hay que comunicar nada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ni Interior puede acceder ni pretende hacerlo, como ocurre en otros países", ha defendido.

Ahora Sanidad da 15 días a las comunidades para que hagan sus alegaciones "constructivas" a la propuesta, y ha reconocido que las regiones gobernadas por el PSOE han pedido que se derogue la reforma sanitaria que en 2012 limitó la atención de estos inmigrantes sólo a urgencias, atención pediátrica y durante el embarazo y el parto. El resto, según Moreno, han "agradecido" la propuesta.

"YA ESTÁN SIENDO ATENDIDOS"

El 'número dos' del departamento de Alfonso Alonso, que no ha estado presente en la reunión, ha explicado que todos los inmigrantes en España "han sido y están siendo atendidos" con independencia de su situación administrativa, pero el objetivo ahora es "ordenar y armonizar" esta atención, después de que algunas comunidades hayan anunciado diferentes regulaciones para ampliar los derechos de este colectivo.

El objetivo del Gobierno es que los inmigrantes puedan ahora tener acceso a la Atención Primaria en los centros de salud y, si el médico lo considera oportuno, ser derivados al especialista. Para ello, Sanidad propone que las comunidades garanticen esta atención sólo a aquellos que lleven empadronados un mínimo de seis meses desde que lo soliciten, aunque reconoce que la competencia en este sentido es autonómica y "si alguna establece menos, están en su derecho".

Además, deberán justificar que no disponen de "recursos suficientes ni recursos superiores en cómputo anual al IPREM" --indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2015 se sitúa en 532,51 euros al mes-- de su unidad familiar, y que no tienen cobertura sanitaria por ninguna otra vía.

Un mediador o trabajador social deberá emitir un informe sobre el arraigo social, circunstancias económicas y de residencia social y, tras evaluar la solicitud, se les entregará un "documento de certificación o acreditativo", renovable cada año, que deberán enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que tengan que ser atendidos.

NO PODRÁN "EXPORTAR" ESTA ATENCIÓN

La atención sólo podrán recibirla en la comunidad en que estén empadronados por lo que "no será exportable" ni a otra región ni a sus países de origen, con el objetivo de "evitar el turismo sanitario" que, según Sanidad, se producía hasta la reforma de 2012.

Y en caso de necesitar medicamentos, Moreno ha avanzado que las comunidades han propuesto un copago del 40 por ciento, como ya se hace con los ciudadanos que tienen rentas anuales inferiores a 18.000 euros.

El secretario general de Sanidad ha reconocido que no tienen contabilizado el número de inmigrantes irregulares que se beneficiarán de esta medida, ya que "ni España ni otro país europeo sabe cuántos tienen, entre otras cosas porque son irregulares". Lo único que tienen cuantificado son los 'sin papeles' que han sido atendidos hasta ahora por las vías que permite la Ley, unos 183.000 ciudadanos que han supuesto un gasto de 244 millones de euros.

Además, no ha precisado si alguna de las comunidades gobernadas que se han adelantado al Gobierno y ya han puesto en marcha una regulación específica para atender a estos inmigrantes, incluidas algunas gobernadas por el PP, han infringido la legislación europea y pueden sufrir multas millonarias, como alertó hace unas semanas.

Las comunidades tienen ahora 15 días para valorar la propuesta y hacer sus aportaciones "de forma constructiva" y, tras este periodo Sanidad las volverá a convocar para ver si pueden llegar a algún acuerdo para que la atención se haga "con carácter homogéneo y no genere problemas previos" a la reforma de 2012.