Con la excepción de Euskadi, el sistema de rentas mínimas no palía la pobreza

Tanto los expertos como los informes que analizan las diferentes medidas de lucha contra la pobreza coinciden en que en el panorama estatal únicamente el sistema de rentas mínimas vigente en Euskadi puede considerarse una herramienta de protección social homologable con las utilizadas en los países más avanzados e igualitarios. En la comparativa de importes mínimos y máximos, cobertura, universalidad y nivel de gasto, el sistema vasco de prestaciones sociales formado por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) siempre figura en la posición más alta dentro del conjunto de comunidades autónomas. La cuantía media cobrada por los alrededor de 258.400 perceptores de rentas mínimas de inserción en el Estado español fue de 418 euros al mes, mientras que la CAV tiene establecida la cuantía mínima más alta: 619,28 euros. De los 1.040 millones de euros gastados en 2013 en estas ayudas por todas las comunidades, 435,3 millones corresponden al País Vasco, que dedica a las rentas mínimas 198,65 euros por habitante y año, mientras que en Castilla-La Mancha el gasto es de 1,28 euros por habitante y en Extremadura de 1,74 euros.

Un sistema diverso La última propuesta de revisión del sistema de ayudas sociales ha partido del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que aprovechó su visita a una de las comunidades autónomas con mayores tasas de exclusión social -Extremadura- para anunciar que cuando llegue al Gobierno pondrá en marcha un sistema de Ingreso Mínimo Vital y otro de ayudas por hijo con un coste de 6.450 millones de euros al año.

La idea lanzada por Sánchez ha hecho recordar algunas propuestas similares planteadas por candidatos de Podemos y UPyD durante la última campaña electoral y que pasadas las votaciones se diluyeron sin dejar ninguna iniciativa concreta. Además, la promesa de una renta de 426 euros mensuales -ampliables a 708 euros si las familias tienen tres o más adultos a cargo- para hogares sin ingresos ha reavivado el debate sobre la viabilidad de establecer una renta básica o ampliar las actuales rentas mínimas para hacer frente a un amplio colectivo en situación de pobreza y a las limitaciones del sistema de protección social.

Los términos de la discusión en la que políticos, instituciones y agentes sociales llevan meses enzarzados son los diferentes modelos para establecer una “última red de protección” de las personas que han agotado sus prestaciones, que han quedado excluidas del mercado laboral o que sufren pobreza severa. Frente a quienes discuten sobre la conveniencia -o capacidad económica real- de establecer una renta básica o de mejorar las rentas mínimas que actualmente administran las comunidades autónomas, Miguel Laparra -director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y Exclusión Social de la Universidad Pública de Navarra y ahora vicepresidente de Políticas Sociales del Gobierno foral- afirma que “en este contexto de emergencia social y ante las limitaciones de los dispositivos existentes, existen razones de peso para considerar la erradicación de la pobreza severa como una cuestión de prioridad nacional”. Laparra opina que “la forma más razonable de abordar este objetivo” es “una revisión en profundidad del conjunto de dispositivos que configuran nuestro sistema de garantía de ingresos mínimos”.

Superar diferencias En realidad la propuesta del PSOE no es más que una vuelta de tuerca que pasa por la homogeneización y mejora del sistema de rentas de inserción que ya existe en las comunidades autónomas con grandes diferencias en criterios, cuantías, cobertura y resultados. El actual sistema de rentas mínimas en el Estado español está fragmentado y, salvo contadas excepciones, ofrece una cobertura muy defectuosa derivada, entre otras cosas, de la arbitrariedad y la imposición de requisitos de difícil cumplimiento. Mientras en Euskadi la RGI es un derecho subjetivo -toda persona que cumple los requisitos la cobra-, en otras comunidades es una prestación sujeta a disposición presupuestaria. Esta heterogeneidad de situaciones avala los planteamientos que hacen diversos colectivos para que se establezca una renta básica, que contaría con la ventaja de reducir la carga administrativa y simplificar los trámites.

Según Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, “aspirar a la Renta Básica Universal es lo más deseable para ir caminando hacía la equidad y redistribución necesaria. Pero dado que el camino es complejo, mientras avanzamos hacia ese nivel deberíamos ir dando pasos de mejora sobre las Rentas Mínimas de Inserción. Su aplicación, de hecho, ha sido irregular por parte de demasiadas comunidades autónomas, sobre todo en estos años de crisis. La falta de liquidez ha llevado a que miles de familias no estén recibiendo esas ayudas por no poder superar las crecientes trabas administrativas que se han ido estableciendo”.

Más allá de las diferencias en cuantías y condiciones, las principales quejas sobre el sistema de rentas mínimas de las comunidades hacen referencia a su escasa cobertura de la población en situación de exclusión social. En 2013, solo accedieron a esas ayudas el 35% de los hogares sin ingresos, pero en Euskadi la cobertura ascendió al 277%.

*Último año para el que se disponen los datos. En el caso del País Vasco el gasto incluye Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda.

Fuente: Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Informe de rentas mínimas de inserción. Año 2013. Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014, 118 p.

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Renta básica universal. Es una renta pagada por el Estado a todos los ciudadanos o residentes, como derecho, independientemente de su situación económica o predisposición a trabajar. En algunas iniciativas se la denomina también Ingreso Mínimo o Renta de Ciudadanía. Es un ingreso de carácter individual, universal, incondicional y suficiente para toda persona por el hecho de serlo. La renta básica de la que se habla en España sería de 622,58 euros al mes (7.471 euros al año) y de 124,51 euros mensuales para los menores de edad.

Renta Mínima de Inserción. Es una ayuda pública para personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. Esta ayuda ya existe en las comunidades autónomas con diferentes nombres, cuantías y condiciones. La Renta Mínima no es un derecho universal, es un subsidio condicionado y para percibirlo hay que estar en una determinada situación. Es una ayuda pública para aquellos que han visto agotadas todas las vías posibles para subsistir.

Impuesto Negativo sobre la Renta. Es un esquema de impuesto sobre la renta (puede ser proporcional a tipo único o progresivo) en el que la existencia universal de un mínimo exento determina una transferencia al contribuyente exento del pago del impuesto por un importe equivalente a la diferencia entre ese mínimo exento y sus ingresos efectivos.

Renta Mínima Vital. La renta de 426 euros para hogares sin ingresos que el PSOE se compromete a poner en marcha si llega a la Moncloa aumentará hasta 708 euros para familias con tres o más adultos a cargo, y podrá sumar 150 euros al mes por cada hijo menor. El PSOE ha previsto una dotación de 6.450 millones anuales para estas prestaciones (3.850 millones para la renta mínima y 2.600 para las ayudas por hijos). Según sus cálculos, la renta mínima llegará a 730.000 familias, lo que hace 1,8 millones de beneficiarios, y las ayudas a menores alcanzarán a 2,3 millones de niños.

Todas las comunidades autónomas tienen una Renta Mínima de Inserción (RMI), pero la cuantía oscila drásticamente y los perceptores son pocos. De media los alrededor de 258.400 perceptores de todo el Estado cobraron 418 euros (257 euros menos que el umbral de la pobreza). En la CAV la cuantía mínima es de 619,28 euros.