MADRID. En concreto, pide la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen caso por caso cada desalojo, así como el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, "en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa".
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha afirmado que "es difícil encontrar en España una violación de los derechos humanos tan extendida y tan invisible" como los desahucios hipotecarios y ha asegurado que de las medidas de protección adoptadas por el Gobierno "solo se han beneficiado 31.500 familias".
"Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", ha añadido.
UN 1,1% DE VIVIENDA SOCIAL EN ESPAÑA
El documento también refleja que España es el segundo país de la Unión Europea con menos vivienda social (1,1%) solo por encima de Grecia y lejos de países como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Por ello, la organización ha recordado que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda.
Por su parte, el investigador y autor del Informe, Koldo Casla, ha asegurado que "el gran número de desalojos hipotecarios en España ha coincidido con una serie de medidas regresivas deliberadas y no justificadas" y ha expuesto algunas de las diferentes peticiones que se solicitan en el documento, entre las que se encuentra la modificación del mandato de la Sareb (el 'banco malo') para promover así el uso de las 80.000 viviendas que tiene en su propiedad y asegurar el acceso a las mismas a un mayor número de personas.
Asimismo, ha criticado el "escaso" tiempo por el cual se considera social una vivienda, así como las medidas de acceso a las prestaciones sociales que "también han generado desprotección en las personas".
Por último, la organización solicita a las comunidades autónomas abstenerse de tomar "medidas regresivas injustificadas" y elaborar un censo actualizado para realizar un uso más intensivo de las viviendas vacías. Finalmente, reclama a los ayuntamientos llevar a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
