MADRID. El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy a la ley de jurisdicción voluntaria que permite que actos como casarse y divorciarse de mutuo acuerdo se realicen sin intervención de los jueces por operadores jurídicos como secretarios judiciales y notarios.
A falta de la votación, al final del pleno de la Cámara, con la que hoy se aprueba definitivamente la norma, durante su debate ya ha manifestado su voto favorable el grupo popular, con mayoría absoluta, y la han apoyado en líneas generales CiU y PNV, mientras que otros como PSOE, la Izquierda Plural y UPyD han discrepado con el texto aprobado.
La diputada del PP Beatriz Marta Escudero ha recordado que se ha dado cumplimiento a una de la prioridades del Gobierno de Mariano Rajoy ante la "urgencia y necesidad de dar respuesta a una justicia civil nueva" y "al día a día de las personas".
Ha añadido que la reforma de la jurisdicción voluntaria era una de las piezas que quedaban por encajar en el mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que daba un plazo de un año para la misma y que "de forma sorpresiva" retiró el anterior gobierno socialista", motivo por el que durante estos quince años se ha seguido aplicando la norma de 1855.
La portavoz popular ha aclarado que no se trata de una privatización de un servicio público ni de crear una justicia para ricos y otra para pobres "como frívolamente simplifican" algunos grupos de la oposición, sino que "desjudicializa" procedimientos de una naturaleza más administrativa.
Ha explicado que da la opción de que puedan tramitarse múltiples asuntos civiles voluntarios por operadores jurídicos con todas las garantías como los secretarios judiciales de forma gratuita al suprimirse las tasas o hacerlo ante notarios o registradores cuando se crea que el arancel correspondiente compensa para una mayor celeridad.
Por su parte, el diputado del PSOE Antoni Such ha considerado que la ley no regula toda la jurisdicción voluntaria y ha lamentado la falta de consenso que, a su juicio, se debe a la "apuesta conservadora" del Gobierno con el "carácter privatizador" de la ley.
Por último, ha pedido que en el Ministerio de Justicia "haya alguien que armonice las tropelías cometidas con leyes hechas en los últimos meses, que han generado mucha preocupación en los operadores jurídicos".
El diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha dicho que la norma ha llegado "tarde y mal, prueba de la forma de legislar del Gobierno, que cree que hacer muchas leyes es hacer mejor política", y ha advertido de que se crean "mecanismos paralelos a la justicia" y que "un derecho se convierte en un bien susceptible de ser comprado".
También ha hecho mención al retraso de la ley la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha apreciado que "se aprovecha esta norma para meter en ella todo lo que se le ocurre al Ejecutivo".
El diputado de CiU Jordi Jané se ha congratulado de la aprobación de la ley, aunque sea con retraso, si bien ha discrepado de algunas enmiendas, y el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha comentado que "pleitos sin controversias suponen una carga para la Administración de justicia" y requieren "fórmulas extrajudiciales de resolución".
La nueva ley, que entre otras muchas novedades eleva de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio, permitirá la celebración de bodas y divorcios de mutuo acuerdo ante notario o secretario judicial si bien la tramitación del expediente seguirá en manos de los jueces hasta junio de 2017.
A partir de ese momento, esta tarea será asumida ya por notarios y secretarios judiciales, una vez se proceda a la desjudicialización del Registro Civil.
Tras la entrada en vigor de la norma, serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien éste delegue, el notario, el secretario judicial, el juez de paz, el encargado del Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.
