MADRID - La privatización del Registro Civil -proyecto que iba a culminar el próximo 15 de julio con su traspaso a los registradores mercantiles y de la propiedad- ha quedado temporalmente paralizada ante la oposición social y las críticas suscitadas entre los sectores afectados. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que el Gobierno español aparca la reforma del Registro Civil y que va a abrir un diálogo con las partes implicadas sobre el nuevo modelo de este servicio
“Este anuncio -dijo ayer a DNA Mariano Gómez, tramitador de Registro Civil de Bizkaia- es muy importante porque supone que el peso de la opinión pública se ha hecho notar y el Gobierno español está empezando a recular, pero hay que tomárselo con mucha cautela porque no sabemos qué significa exactamente esa ‘paralización de momento’. El ‘de momento’ es muy peligroso y esperemos que con esto no pretendan desactivar las movilizaciones y todos los apoyos que se estaban recabando. Los trabajadores del Registro tenemos mucho miedo de que se trate de un globo sonda para calmar los ánimos y luego seguir adelante”.
“El Gobierno no va a proponer un modelo de reforma del Registro Civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes”, “abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar” dijo ayer Catalá. El ministro explicó que abandona la propuesta que hasta ahora había defendido y también la fecha prevista para ponerla en marcha (15 de julio). Se abre ahora un período de negociación que arrancará el próximo martes con un encuentro con los principales sindicatos del sector con el fin, según Catalá, de encontrar una propuesta compartida por autonomías, partidos y otros agentes, lo que no significa que vayan a estar dialogando sine die.
Fuentes ministeriales precisaron a Efe que la propuesta de Justicia no está descartada por completo y que habrá que estudiar todas las alternativas que se planteen en los próximos días antes de tomar una decisión. Una lectura prudente que comparten los sindicatos, que valoran el anuncio de Rafael Catalá como “un triunfo de la presión social” pero no “definitivo”.
Asumir la gestión Mariano Gómez, que considera que la paralización es “un logro de las movilizaciones”, desmiente las afirmaciones de Catalá de que nadie le ha dado alternativas al traspaso a los registradores mercantiles. “Alternativas ha habido varias, desde la propia ley original, en la que se hablaba de desjudicialización pero se decía que el Registro Civil podía mantenerse dentro de la Administración de Justicia con posibilidad de depender de ayuntamientos y comunidades autónomas, hasta la última, cuando hace un año el Parlamento Vasco aprobó la disposición de Euskadi a asumir la competencia ejecutiva en esa materia. Yo creo que al menos en nuestro entorno cercano alternativas a su proyecto sí hay. Además esta puede ser una oportunidad para la CAV de tener la capacidad de gestionar nuestro Registro Civil, no digo que mejor pero sí que podemos dar un buen servicio con los profesionales que ya existen y bajo la gestión directa del Gobierno Vasco”.