Gasteiz - Trabajadores y sindicatos de la Administración de Justicia en el País Vasco escenificaron ayer con un funeral y un ‘vía crucis’ el negro futuro que espera al Registro Civil si se lleva a cabo la prevista privatización y transferencia a los registradores mercantiles.

Con los actos celebrados en diversas localidades vascas que cuentan con oficina del Registro Civil los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y CGT manifestaron su oposición -y la de buena parte de la sociedad- a los planes del Gobierno español para este servicio. Según el calendario previsto el próximo 15 de julio -“si la movilización no lo remedia”- el Registro Civil pasará del área de Justicia a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad. Esto implica que, previsiblemente, habrá que pagar por numerosos trámites que ahora son gratuitos, que los vecinos de localidades donde no hay registradores mercantiles tendrán que desplazarse y que los datos de todos los ciudadanos dejarán de estar custodiados por funcionarios.

En la protesta de Bilbao, en la que se representó un ‘vía crucis’, los portavoces sindicales recordaron que el Gobierno del PP “quiere privatizar la situación de los Registros Civiles y sacarla de la Administración de Justicia, para pasarla a los registradores de la propiedad y mercantiles” que, “por mucho que digan que son funcionarios públicos no lo son”, ya que “su acceso a la función pública sí que es a través de una oposición, pero luego todos sus ingresos son a través de arancel”, de forma que “no cobran un salario de la Administración como todos los empleados públicos”. Los representantes sindicales también denunciaron “el despilfarro de dinero público que se va a producir al haberse dedicado recientemente 128 millones de euros a informatizar los libros de registro de nacimientos, defunciones, y matrimonios de la inmensa mayoría de los Registros Civiles del Estado”, una inversión “va a ser regalada a personal con interés privado”.

Los sindicatos confían en que los procesos electorales cambien la relación de fuerzas del Parlamento español y los partidos que se oponen a la privatización del Registro Civil revoquen la medida que inicialmente fue planteada por Alberto Ruiz Gallardón y después ratificada por su sucesor y actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En Donostia la protesta adoptó la forma de un funeral -el del actual Registro Civil- y en Bilbao contó con nazarenos, penitentes y plañideras.