MADRID - Las personas inmigrantes en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria que les retiró el Sistema Nacional de Salud tras la reforma de 2012. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, eligió el día en que se convocaban las elecciones municipales y autonómicas para anunciar una medida que corrige parcialmente la política de su antecesora en el cargo, Ana Mato, a quien también enmendó su plan para pagar el tratamiento contra la hepatitis C solo a los pacientes más graves, debido a las presiones de los afectados.

Alonso no vistió la nueva marcha atrás del Gobierno español en términos humanitarios y tampoco económicos, que fue la razón esgrimida por el PP para sacar a cerca de 900.000 sin papeles del sistema de salud, sino por razones “prácticas” y para “no saturar las urgencias”. Esta fue la línea argumental que repitió el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para explicar la reforma de su propia reforma sanitaria, que en dos años y medio se ha cobrado la vida de tres personas por no recibir el tratamiento que necesitaban. En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente del Consejo Europeo, Rajoy consideró “sensato y razonable” que el Ministerio estudie permitir que los inmigrantes en situación irregular reciban atención primaria en los ambulatorios ya que hará “entre otras cosas, que no se colapsen las urgencias”.

Pero ni Alonso ni Rajoy fueron más allá del titular. No explicaron cuándo o cómo se aplicará la medida, ni el empadronamiento mínimo que los inmigrantes deben acreditar para poder recibir la atención del médico de cabecera, algo que han dejado en manos de las comunidades autónomas. La idea de Sanidad es debatirlo con las comunidades y poder llevarlo para su aprobación al próximo Consejo Interterritorial, que ya no será hasta después de las elecciones autonómicas. Tampoco explicaron si este colectivo podrá acceder a un especialista y a un tratamiento más allá de la diagnosis o a los medicamentos, que son los servicios a los que da derecho la tarjeta sanitaria. Los inmigrantes recibirán un documento -no la tarjeta sanitaria- que sólo les dará derecho a ser atendidos en esa comunidad y tendrá validez por un año, aunque será renovable.

Todos los partidos y sindicatos sin excepción coincidieron en señalar que el anuncio del ministro “llega tarde” y es “electoralista”, mientras que las ONG creen que es “insuficiente” y reivindicaron que se restablezca el sistema de sanidad universal, otorgando a los inmigrantes la tarjeta sanitaria. Por ejemplo, Médicos del Mundo consideró que el hecho de devolver el acceso a la atención primaria a los migrantes en situación irregular, “no cambia respecto de la anterior situación”, porque al no reconocerles una tarjeta sanitaria “siguen sin ser titulares del derecho a la salud” y, por tanto, “persiste la exclusión y la discriminación” en este derecho.

Por su parte, las asociaciones sanitarias acogieron la medida entre la cautela y el escepticismo. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideró que la medida tiene “tintes de demagogia y electoralismo”. En este sentido instó al Gobierno a rectificar y derogar el real decreto de 2012 para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas. Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Josep Basora, mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno, si bien lamentó que la medida llega tarde y ha generado “muchos problemas” para este colectivo.