Gasteiz - La guerra que los ciudadanos hipotecados llevan a cabo contra las cláusulas suelo tiene dos campos de batalla con ritmos y resultados distintos. Mientras en el escenario judicial la confrontación entre los clientes y las entidades financieras que limitan la bajada de tipos de interés se está resolviendo mayoritariamente a favor de los primeros, en el terreno político la Banca aún cuenta con ventaja.

Ni siquiera dos sentencias del Tribunal Supremo declarando la nulidad de las cláusulas suelo (mayo de 2013 y noviembre de 2014) han sido suficientes para hacer que el Gobierno español adapte la ley y evite a los perjudicados por estas condiciones hipotecarias tener que acudir a los tribunales para librarse de ellas. El penúltimo capítulo de la larga lista de iniciativas parlamentarias relacionadas con las cláusulas suelo lo ha protagonizado el Partido Popular con la presentación de una proposición de ley para su eliminación y la retirada, urgente e injustificada, del texto.

Según denunció el PSOE hace unos días, el 24 de enero el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso una proposición para modificar la Ley Antidesahucios de mayo de 2013 con el propósito de establecer en qué casos no se ha informado suficientemente al consumidor sobre las cláusulas techo/suelo y, por tanto, se pueden considerar nulas sin tener que acudir a los tribunales. En el texto del Partido Popular se explicaba que la concesión de préstamos hipotecarios en los últimos años se ha producido con un “ineficiente reparto de los riesgos de variación de los tipos de interés” debido a “la posición dominante” de los bancos, que imponían las controvertidas cláusulas.

Recurrir a la justicia A pesar de que la aprobación de esta proposición de ley hubiera evitado a más de tres millones de ciudadanos del Estado español que aún cuentan con cláusulas suelo en sus hipotecas tener que acudir a un tribunal para que dictamine sobre la nulidad de estas condiciones -bien por falta de transparencia en su imposición o por considerarlas abusivas-, el PP retiró la iniciativa poco después de su registro en el Congreso.

Las sospechas sobre los motivos del PP para retirar la proposición van, en la mayoría de los casos, dirigidas hacia presiones de la Banca, a la que el mantenimiento de suelos en los tipos de interés de las hipotecas de millones de clientes reporta importantes ingresos. Mientras la vía política para acabar con la limitación del abaratamiento de las hipotecas está cerrada como consecuencia de la actitud del PP, la vía judicial sí avanza y lo hace a doble velocidad. Por un lado, son numerosas las sentencias que declaran la nulidad de las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios cuyos titulares reclaman basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, y por otro, cada vez son más los magistrados que, sin seguir la senda marcada por el Supremo, se posicionan a favor de la retroactividad de la nulidad y condenan a la entidad financiera que incluyó las cláusulas en sus contratos a devolver el dinero cobrado de más por su aplicación. Y esto último no es un asunto menor, ya que según Reclamador -una plataforma online especializada en tramitación de reclamaciones- en Euskadi hay actualmente más de 162.000 personas que podrían eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas y ahorrarse más de 351 millones de euros cada año. La consiguiente reducción de tipos de interés supondría un ahorro medio en la cuota de la hipoteca de unos 180 euros al mes y de cerca de 2.160 euros anuales.

Sentencias dispares Según un estudio realizado por la web Denunciascolectivas.com, desde el 9 de mayo de 2013 “los tribunales inferiores han venido dictando sentencias en relación con las cláusulas suelo que no han seguido la doctrina marcada por el Tribunal Supremo y, muy específicamente, la que guarda relación con la retroactividad”. Dicho estudio añade que no sólo se está produciendo un importante posicionamiento a favor de la retroactividad, sino también una evolución en algunos lugares en los que “las Audiencias Provinciales, que inicialmente mantenían el criterio del Tribunal Supremo, han modificado su postura, como ha sucedido en Valencia o en Ciudad Real”.

El informe señala que la importancia de estos posicionamientos judiciales radica en que “abren todavía más la puerta a que los afectados por esta cláusula abusiva puedan reclamar judicialmente su supresión y recuperar los cuantiosos intereses que han pagado de más durante los últimos 6 años”. Según Denunciascolectivas.com, cuando una Audiencia Provincial dicta retroactividad sobre la aplicación de suelo en una hipoteca, los bancos no suelen recurrir las sentencias de los tribunales de primera instancia, que por lo general dictan la nulidad tanto de la cláusula como de sus efectos, lo que permite recuperar los intereses pagados de más.

La plataforma también ha elaborado un mapa de la retroactividad diferenciando aquellas provincias o comunidades autónomas cuyos órganos judiciales sentencian sobre las cláusulas suelo en un sentido o en otro. De momento el mapa de Desnunciascolectivas.com “indica que más de la mitad de las Audiencias Provinciales está a favor de la retroactividad. Además, esta circunstancia propicia que en casi un 80% de los casos planteados judicialmente en estas provincias las partes terminen por alcanzar un acuerdo antes de llegar a juicio, permitiendo solucionar el problema en un plazo aproximado de 4 meses frente a los 9 o 10 meses en el mejor de los casos”. De acuerdo con el mapa, en la Comunidad Autónoma Vasca se registran los dos criterios: las Audiencias de Araba y Gipuzkoa sí reconocen la retroactividad, mientras que la de Bizkaia no lo hace.

En aquellas provincias en las que las Audiencias Provinciales mantienen la doctrina del Tribunal Supremo, la plataforma recomienda a los ciudadanos con hipoteca que soliciten únicamente la nulidad de la cláusula y una vez conseguida realizar un segundo procedimiento para lograr la retroactividad por la vía civil. “Es muy importante que los afectados sepan en todo momento cuál es la situación real y las posibilidades de éxito de su reclamación”, apuntó Javier Gastón, responsable de la plataforma.

Respecto a las diferencias de criterio contenidas en las sentencias contra cláusulas suelo, el consejero delegado y fundador de la plataforma Reclamador, Pablo Rabanal, señaló durante una presentación en Euskadi que los tres territorios tienen “criterios dispares” sobre la aplicación de la retroactividad.

“En Alava y Gipuzkoa existe un criterio bastante asentado y son proconsumidor”. Rabanal recordó que la Audiencia Provincial alavesa “fue la primera en pronunciarse en 2013 a favor de las cantidades a los clientes”. En cambio, en Bizkaia tanto la Audiencia como el Juzgado de lo Mercantil “son favorables a pedir la nulidad de la cláusula suelo, pero no contemplan, de momento, la devolución de cantidades”.

Una sentencia Un ejemplo reciente del criterio a favor de la retroactividad que aplica la Audiencia de Gipuzkoa lo encontramos en una sentencia del pasado día 16 que declara nula la cláusula suelo de un préstamo hipotecario que un cliente contrató con el BBVA antes del 9 de mayo de 2013. Según fuentes jurídicas, la relevancia de esta reciente resolución de la Audiencia de Gipuzkoa radica en que, tras la citada sentencia del Tribunal Supremo que obligó a tres entidades a cesar en la aplicación de esta cláusula, algunos afectados podían pensar que “ya no tenían derecho a reclamar la devolución de lo que se les había cobrado hasta entonces por la aplicación de estas condiciones”. Sin embargo, la resolución de la Audiencia de Gipuzkoa -que confirma otra previa del Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián recurrida por el BBVA-, “prueba que esto no es así y que se puede reclamar la devolución de lo cobrado por esta cláusula”.

Ahorro. En el conjunto del Estado español el ahorro medio mensual tras quitar la cláusula suelo está estimado en 150 euros aproximadamente (1.800 euros al año). La media que se podría reclamar por afectado por la retroactividad de la cláusula es de 6.200 euros.

Euskadi. En la Comunidad Autónoma Vasca, al contar con hipotecas más altas que la media estatal (180.000 euros, con una cuota media mensual de 900 euros) el ahorro medio sería de unos 180 euros al mes y de cerca de 2.160 euros anuales.

Según los cálculos de la plataforma Reclamador, en la CAV hay ahora más de 162.000 personas que podrían eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas.

El 97% de las hipotecas son a tipo variable y un tercio de ellas contiene cláusulas suelo, según el Banco de España. Hay, por tanto, más de 3 millones de hipotecas con esas condiciones contractuales con el banco.