El Gobierno Vasco reanudará en marzo el pago de las ayudas a la conciliación

Tal y como explicó el consejero de Empleo y Políticas Sociales hace unos meses en el Parlamento Vasco, las solicitudes de ayudas que no se pudieron pagar el año pasado se empezarán a abonar en cuanto el departamento pueda ejecutar el presupuesto para 2015, al tiempo que se seguirán tramitando nuevas peticiones. Según fuentes del departamento, la fecha prevista para iniciar el pago de las ayudas pendientes es el mes de marzo, una vez que el Consejo de Gobierno Vasco autorice el gasto necesario para atender los atrasos. Esa primera partida presupuestaria ascenderá a 15 millones de euros y posteriormente se librará otra de cerca de 20 millones para las solicitudes de ayudas presentadas por las familias vascas a partir de octubre de 2014, ya que la tramitación de las ayudas requiere un plazo aproximado de seis meses.

Las ayudas a la conciliación familiar y laboral están destinadas a trabajadores que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada laboral para el cuidado de hijos, y para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, así como por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos menores.

sin presupuesto La suspensión del pago de las ayudas causó alarma y malestar entre muchas familias del País Vasco que incluso se organizaron en una plataforma para reclamar las cantidades reconocidas y no abonadas, promover cambios en la regulación y solicitar una ampliación presupuestaria. En este sentido, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, reconoció que la suspensión del pago de ayudas era una decisión “dolorosa” impuesta por la realidad económica.

La falta de fondos para la política vasca de conciliación se hizo oficial el pasado 22 de agosto, con la publicación en el BOPV de una resolución del viceconsejero de Políticas Sociales, Íñigo Pombo, en la que informaba de que se había agotado el crédito presupuestario consignado para ese fin y que ascendía a 17,3 millones de euros. Según estimaciones de la plataforma de afectados por el impago de las ayudas para la conciliación laboral y familiar, la suspensión de ayudas afecta a unas 10.000 familias, que a partir de marzo empezarán a cobrar lo que les corresponde por reducciones de jornada y excedencias.

De acuerdo con el compromiso adquirido por Juan Mari Aburto en el Parlamento, en cuanto se pueda ejecutar el presupuesto su departamento atenderá todas las peticiones tramitadas en 2014 respetando los criterios de acceso vigentes cuando se tramitaron las solicitudes. No obstante, el consejero adelantó que se está estudiando una modificación de la regulación de estas ayudas para relacionar la prestación con el nivel de renta de las familias y no únicamente con la situación laboral y familiar.

La legislación actual establece una relación entre cuantía y renta familiar solo en el caso de la ayuda por el primer hijo o hija, pero en el resto -ayuda por segundo hijo y posteriores, ayuda por reducción o excedencia de jornada laboral para cuidar hijos o mayores, y ayudas para la contratación de cuidadores de hijos o ancianos- se conceden por igual a todos al margen de sus ingresos.

Ante la petición del PP de convertir estas ayudas en un derecho subjetivo -y por tanto no sujeto a disponibilidad presupuestaria- el Gobierno Vasco recordó que “la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para sostener el sistema de protección social en Euskadi que no tiene parangón en el Estado”. Y reconoció que “no todas las personas trabajadoras pueden acceder a medidas de conciliación -bien por trabajar como autónomas o bien por las circunstancias de su empresa- por lo que es necesario avanzar en el proceso de reflexión iniciado por el Gobierno Vasco para analizar todas las ayudas del sistema de protección social y elaborar una nueva estrategia vasca a favor de la natalidad y de apoyo a las familias”.