Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cita las palabras de una compañera de la carrera judicial para describir el trabajo que desarrolla en la jurisdicción contencioso administrativa. “Esta es la zona fría del Derecho, porque el conflicto que da origen al proceso no llega vivo al tribunal, previamente ha habido una autoridad administrativa que ya ha tomado una decisión sobre el conflicto y a nosotros lo que nos toca es controlar si esa decisión es correcta o no”.

¿El orden contencioso administrativo es la última línea de defensa del ciudadano frente a la administración?

-A lo contencioso administrativo se acude normalmente a intentar revertir una situación en la que la administración no te ha dado la razón en algún asunto. Es cierto que la administración puede funcionar de una manera incorrecta, aunque esto ocurre menos veces de lo que parece. Otra cosa es que el ayuntamiento no nos dé la razón o que tengamos un problema con el IRPF... en ese sentido somos la última defensa del ciudadano, pero las grandes, administraciones del País Vasco -el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales- suelen funcionar bastante bien y sus resoluciones están motivadas.

¿No es lo habitual?

-Hablando con presidentes de sala de otros sitios he visto que no es tan habitual, porque se quejan de que hay grandes ayuntamientos que no motivan ninguna resolución. Aquí la administración no funciona tan mal como mucha gente piensa, independientemente de que alguna vez el ciudadano tenga la razón. En nuestro tribunal, dependiendo de los años, entre un 25 y un 30% de los asuntos los gana el ciudadano.

Según los datos del Ministerio de Justicia, el orden Contencioso Administrativo es donde más se ha reducido la litigiosidad.

-Ahora en el conjunto de los juzgados y tribunales del País Vasco están entrando muchos asuntos en la jurisdicción social, pero en el resto de las jurisdicciones entra menos, sobre todo en civil y contencioso administrativo, como consecuencia de las tasas.

Parece que la Ley de Tasas ha logrado su objetivo.

-A raíz de la crisis y los recortes presupuestarios la administración del Estado decidió no invertir en nuevos órganos judiciales y se planteó qué podía hacer para evitar que la Justicia colapsara. La solución fue incidir en la demanda, es decir, hacer que a los órganos judiciales llegaran menos asuntos. La incidencia de las tasas en los grandes asuntos no es muy relevante, porque si a alguien le han expropiado un terreno y va a pedir 300.000 euros, por 350 euros de tasas no se va a echar para atrás. Pero si tienes que pagar una tasa de 300 euros para recurrir una multa de la OTA de 100, lo normal es que no recurras. Esa pequeña litigiosidad es la que ha desaparecido, no totalmente, pero sí en un porcentaje altísimo.

El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, hablaba de “un efecto perverso” de la Ley de Tasas.

-El efecto perverso se produce porque al haber tasas fijas hay una serie de asuntos que es prácticamente imposible que el ciudadano los lleve al juzgado. El coste del proceso le impide llegar a la Justicia. Por ejemplo, la mayoría de las sanciones que normalmente recaen sobre un ciudadano no son tan importantes como para que compense pagar la tasa y recurrir. La consecuencia es que esos asuntos van a quedar fuera del control de juzgados y tribunales. La idea que lanzaba Juan Luis Ibarra era alertar de que la pequeña litigiosidad ya no tiene cabida en los tribunales... con las tasas como están hoy, no.

¿Espera algún cambio?

-Voy a sacar la bola de cristal y a lo mejor me equivoco, pero lo que se rumorea es que el Tribunal Constitucional irá en la línea de lo que han hecho otros países y se inclinará por establecer unas tasas en función de la capacidad económica del sujeto y del interés del asunto. La idea es que si tu vas a recurrir una multa de 200 euros, lo lógico sería establecer una tasa de, por ejemplo, unos 50 euros, algo que sea ligeramente disuasorio para que solo se recurra cuando hay visos de que se puede ganar. Lo que no es lógico es pagar una tasa de 300 euros si voy a recurrir una sanción de 200, hay que tener en cuenta las características del asunto y la capacidad económica del sujeto.

¿La Ley de Justicia gratuita que se tramita podría ser una solución?

-Solucionaría una parte del problema, aquella en que a una persona le resulta muy difícil acceder a la Justicia por un problema económico. Porque estamos hablando de las tasas, pero son solo una parte del coste de un proceso. Generalmente el coste de los profesionales -abogados, procuradores, etc.- supera el de las tasas y tal y como está regulada la Justicia gratuita para un cabeza de familia que gane 1.200 euros al mes resulta imposible pleitear. La idea es ampliar un poco los baremos para acogerse a Justicia gratuita, eso daría más posibilidades al ciudadano..., claro que en estos tiempos de tanto recorte también generaría más gasto público.

¿Cómo definiría la situación que vive la Administración de Justicia ante todos los cambios que quiere introducir el Gobierno español?

-Es una época de cambio que en la práctica se centra en la implantación de la nueva oficina judicial, un modelo que en el País Vasco ya está funcionando en varios sitios. Teóricamente es un cambio a mejor y habrá que ver cómo funciona, pero la experiencia en Vitoria, por ejemplo, está siendo muy positiva.

¿Y los cambios que afectan al Poder Judicial?

-La Ley Orgánica del Poder Judicial es muy ambiciosa, pero si alguien se lee las disposiciones adicionales y transitorias verá que va a ser a muy largo plazo. Tiene un periodo de implantación inicial de dos años y para ponerse en marcha necesita la aplicación de la Ley de planta judicial. En la hipótesis de que se invirtiera bastante dinero y de que todo fuera perfecto, antes de cinco años no se apreciaría un cambio real.