VALENCIA. Según han explicado a Efe fuentes conocedoras del proceso y de la situación del exconseller, Blasco esta valorando diferentes fórmulas para depositar dicha fianza, entre ellas en forma de aval.
Las mismas fuentes han explicado que el exconseller está recibiendo apoyo y ofrecimientos por parte de su entorno para cubrir una fianza que deberá presentar mañana y que considera desproporcionada.
"La situación es cuanto menos exótica, ya que es el único caso de supuesta corrupción en el que está personado la Generalitat, a pesar de que las cuantías supuestamente defraudadas a las arcas públicas son inferiores a las de los casos Gürtel, la visita del Papa y los contratos de Radiotelevisión Valenciana o Valmor -para la Fórmula Uno-, por ejemplo", han indicado estas fuentes.
"Es muy curioso que el mismo tribunal que ha redactado una sentencia tan dura dé un varapalo a la Fiscalía y la Generalitat reduciendo su propuesta de fianza o anulándola en muchos casos", añaden.
El auto en el que el TSJCV acordaba, entre otras medidas, prisión provisional eludible con fianza de 200.000 euros para el exconseller ha sido recurrido por varias defensas, según han explicado las mismas fuentes.
También se ha requerido a la sala para que aclare diversos aspectos de la sentencia referidos a fechas y cifras que se consideran erróneas, solicitud que todavía no ha sido atendida y que, en función de la respuesta, podría alterar los plazos para la presentación de recursos, según las mismas fuentes.
Además, las defensas han notificado a la sala de lo Civil y Penal su voluntad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo, si bien es posible que se agote el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia para la presentación de los mismos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó ayer prisión provisional eludible con fianza de 200.000 euros para el exconseller Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por el denominado caso Cooperación.
El tribunal dio a Blasco 48 horas para depositar la fianza y durante ese tiempo se le prohíbe salir de España y se le retiene el pasaporte.
El exconseller de Solidaridad del Gobierno valenciano fue condenado el pasado 28 de mayo a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, por el desvío de fondos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.
