BILBAO. En un desayuno informativo en Bilbao, Ibarra ha sido preguntado por las imputaciones derivadas de posibles delitos relacionados con insultos a través de las redes sociales, tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco.

Según ha dicho parafraseando al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, "no hay delitos informáticos, sino los delitos de toda la vida, pero que se cometen" en un nuevo medio, que es internet.

Ibarra ha explicado que para los jueces, "las posibilidades de control" de ese medio son, a día de hoy, "limitadas" porque esas redes "tiene unas dimensiones mundiales, que ya de por sí permiten que el delincuente pueda trabajar en un marco distinto, que no tiene correspondencia con la jurisdicción del juez".

Pero además, ha añadido, algunos programas o aplicaciones "no tienen posibilidad de ser intervenidos" y ha citado los mensajes gratuitos enviado por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, sobre el que "no hay manera".

Ha avisado de que "una orden judicial para el control de un 'wasap es simple y sencillamente innejecutable".

Por ello, ha advertido de que en la actualidad, "el delincuente va por delante de los sistemas de justicia de los Estados de derecho".

Ibarra ha afirmado hoy que la modernización de la Justicia en España permanece "en el terreno de las dinámicas ciegas" e instalada "en una muy evidente crisis de irresponsabilidad organizada".

Ha afirmado que la décima legislatura de las Cortes Generales no está logrando "objetivos apreciables en la modernización de la Justicia" que, a su entender, "debería entenderse como una cuestión de Estado".

"Ha quedado condenado al olvido el plan estratégico de modernización del sistema judicial aprobado por el Ministerio de Justicia" en la anterior legislatura, ha lamentado.

El presidente del TSJPV ha intentado "persuadir a la sociedad y a sus gobernantes de que la Justicia tiene capacidad de convertirse en un sector estratégico en el desarrollo económico y que los recursos destinados a mejorar la Administración de Justicia contribuyen a evitar la destrucción de empleo y facilitan en contexto de seguridad jurídica que favorece la recuperación económica".

También se ha mostrado crítico con el anteproyecto de ley que regula los partidos judiciales y la organización de la Administración de Justicia.

A su entender, se ha diseñado una estructura "absolutamente rupturista en cuanto a la planta judicial y al mapa de la demarcación territorial", de manera que "se dibuja la desaparición de los juzgados de instancia con jurisdicción comarcal, que son 2.483".

El presidente del TSJPV ha manifestado sentir "vergüenza" ante "el debate" de los cambios que se limitan a poner puntos y comas en el texto que reforma del principio de la Justicia universal y que "no entra a los más grandes posiciones jurídicas".