MADRID. "Espero de aquí a finales de año tener en las fiscalías unidades de investigación", ha manifestado el fiscal general, que ha explicado que la labor de estas unidades se realizará de forma previa a los procesos judiciales y también para impulsarlos una vez iniciados. A los agentes policiales deberían sumarse, según el fiscal general, personal técnico "para peritar de forma competente".
Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones momentos durante su intervención en las II Jornadas sobre estrategias contra la corrupción en Europa organizada por la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS) en la sede de las instituciones europeas en Madrid. Ha compartido mesa con el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano; la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, y la presidenta de ACCORS, Elena de Vicente.
Para el fiscal general, la corrupción es un tema "acuciante" para todos los españoles. "Tenemos un problema serio de corrupción", ha reconocido, para señalar seguidamente que existen instrumentos suficientes para atacarlo y que "la aplicación de las leyes tienes que estar cercana a la realidad social", según señala nuestro Código Civil.
Además, el fiscal general ha destacado la importancia de la existencia de jueces independientes, puesto que sin ellos no es posible que la resolución de conflictos se ajuste a la legalidad, y ha recordado que desde EL Grupo de Estados contra la*Corrupción*(Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, se ha exigido tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía que elaboren códigos éticos al margen de los procedimientos disciplinarios que ya se aplican al colectivo de jueces y fiscales.
POLITICAS DE PREVENCION
Para Torres-Dulce la clave está en las políticas de prevención, que calificó de "absolutamente necesarias en términos de corrupción", y que ha su juicio deberían comenzar por "la imprescindible reforma de las administraciones públicas", mediante su profesionalización "hasta el mayor alto nivel de decisión".
A su juicio, "la progresiva invasión de asesores y políticos con largos tentáculos en la administración pública están dando un daño irreparable".
Por otra parte, Torres-Dulce ha reclamado una mejora en los análisis de los sistemas de contratación pública, la fiscalización permanente de las Administraciones y la aprobación de leyes de transparencia, si bien ha advertido que este tipo de normas tiene escasos efectos sin los pasos previos señalados.
Tras estas políticas de prevención estarían los "remedios de fuerza ante situaciones patológicas", que es como ha denominado Eduardo Torres-Dulce a la labor de los tribunales de justicia y los tribunales de cuentas contra la corrupción, añadiendo que son "el último eslabón".
Las reformas, como la de asignar policía judicial y peritos a la Fiscalía, no requieren según Torres-Dulce reformas legislativas ni grandes esfuerzos económicos, sino una correcta asignación de los recursos.
