BARCELONA. Según ha explicado a Europa Press el presidente de la Fundació Tutelar, Josep Maria Solé, cada vez más personas "se aprovechan de los familiares que tienen mermada su capacidad de decisión y, en vez de cuidarlos, se quedan con sus recursos", una situación frecuentemente silenciada por las propias víctimas, debido a su fragilidad.

La Fundació Tutelar es la más grande de Catalunya en este campo y cada semana asume la tutela de una media de 3,6 adultos en situación de vulnerabilidad: "Aunque cuesta detectarlo, cuando llega a manos de un juez el caso de una persona que sufre el expolio de su familia nos pide que le protejamos".

Las fundaciones tutelares se encargan de amparar y apoyar la toma de decisiones de las personas con algún tipo de discapacidad que cuentan con una resolución judicial que les incapacita para hacerlo ellas mismas, una labor de la que actualmente se benefician 6.000 catalanes.

Solé ha hecho hincapié en la complejidad de detectar los abusos de personas discapacitadas por parte de allegados: "Es complicado darse cuenta de que una persona a la que quieres abusa de ti. A menudo las víctimas no son conscientes de que les están expoliando".

"El Código Penal no prevé penas de cárcel si robas a un familiar y en España hay un excesivo paternalismo hacia la familia", ha advertido, tras apelar a la complicidad de toda la sociedad para alertar de este tipo de casos, con el objetivo de proteger a los más vulnerables.

Las entidades, financiadas con fondos públicos, no ejercen una función de detección, sino que intervienen "en el momento en que un juez declara que una persona necesita un tutor y considera que las personas de su entorno no convienen".

Por ello, Solé ha destacado la importancia de que el entorno de la víctima pueda alertar de una situación de desprotección, como por ejemplo vecinos, médicos e incluso empleados de sucursales bancarias: "Es importante evitar cuanto antes que cualquier persona pueda aprovecharse al detectar la fragilidad de estas personas".

También ha abogado por introducir cambios legales y especializar los juzgados para atender "con garantías y de forma ágil" este tipo de casos, teniendo en cuenta que, según él, las actuales herramientas jurídicas están obsoletas y son escasas.