MADRID. La ONG denuncia que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades para ejecutar el decreto de ahorro sanitario "son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios".
Explica que diez autonomías han dispuesto medidas para facilitar la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
De ellas, sólo Andalucía y Asturias mantienen el acceso normalizado a las personas no asegurados o beneficiarios sin recursos.
Las otras ocho -Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y Euskadi- amplían el acceso fijado por el Gobierno a través de la creación de "programas complementarios".
El informe señala que del resto de las comunidades, cinco -Madrid, Murcia, Castilla y León, Baleares y La Rioja- hacen algunas excepciones ante enfermedades crónicas, mentales o riesgo para la salud pública.
El estudio destaca que Castilla-La Mancha se ha quedado sola en la aplicación del decreto aprobado para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y que no incluye Navarra porque el marco normativo en esa comunidad es impreciso.
La organización relata que ha tenido conocimiento de más de mil casos documentados de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud, la mayoría son inmigrantes a quienes se ha negado la tarjeta sanitaria o el acceso a algunos de los programas complementarios, aunque también hay personas nacionalizadas españolas que no se les ha informado adecuadamente para renovar su tarjeta.
El informe señala que se siguen registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria o que se les factura la asistencia prestada.
Alerta de que también hay casos de "personas a las que se les obliga a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas en los servicios de urgencias o que reciben una factura con posterioridad".
Médicos del Mundo reclama al Gobierno que ponga en marcha de manera prioritaria las medidas legislativas, políticas y presupuestarias necesarias para restituir el modelo sanitario de acuerdo con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria.
Además, pide anular el acuerdo que introduce la aplicación del copago de medicamentos hospitalarios y adoptar medidas para combatir la discriminación en el acceso a las salud, independientemente del origen y situación administrativa de las personas.
La ONG anima al conjunto de la ciudadanía a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al recorte sanitario impulsadas por las organizaciones sociales.
