vitoria. Las casi 62.000 personas que a fecha de octubre de este año recibían una prestación como Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que se encuentren en edad laboral y no sufran de ninguna discapacidad podrán ser requeridas para realizar trabajos en beneficio de la comunidad cuando sean requeridos por la Administración. El Gobierno Vasco quiere poner de esta manera en marcha durante el próximo semestre una experiencia piloto, tal y como se artículan en otros países europeos. No obstante, por el momento se descarta generalizar esta iniciativa porque, según reconoció ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Maria Aburto, si se llevara a cabo podría producir un "colapso" en Lanbide.
Aburto realizó este anuncio durante una comparecencia en del Parlamento vasco, donde ha presentó los resultados del estudio llevado a cabo por su departamento sobre la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por parte de perceptores de la RGI para que no vayan "en detrimento del empleo remunerado".
El titular de Políticas Sociales informó de que el estudio analiza la posibilidad de poner en marcha los trabajos en beneficio de la comunidad, una previsión incorporada en 2011 por el Gobierno socialista, tras un pacto con el PP a la Ley para la Garantía de Ingresos, pero aún no había sido desarrollada vía reglamento. No obstante, el artículo 19 de la RGI ya contempla que tanto la persona titular de la RGI como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, deben mantenerse disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando de forma extraordinaria sea requerido por la Administración. Establece como excepción a las personas con invalidez absoluta, menores de 23 años que cursen estudios reglados o las personas que Lanbide considere exentas. Ahora, el Gobierno Vasco se plantea abordar en 2014 una prueba piloto aunque, según reconoció Aburto, dada las altas tasas de desempleo y con un número alto de personas demandantes de servicios de orientación, formación e intermediación para acceder al mercado de trabajo, sería "difícil de asumir" la puesta en marcha de este tipo de experiencias para todos los perceptores que establece la ley. Por eso, el Ejecutivo cree que cree que incluir esto de forma genérica sería "difícil de asumir" y podría llegar a producir un "colapso" de las oficinas de Lanbide, encargadas de gestionar las RGI.
Asimismo, antes de ponerse en marcha esta experiencia, el texto de la ley actual plantea algunas dudas jurídicas que habrá que solucionar. En este sentido, se debería delimitar la realización de estas actividades a las entidades de Tercer Sector que habitualmente trabajan en inclusión, ya que poseen un conocimiento amplio sobre esta población y no aplicarlo al ámbito de las emergencias.
El estudio también hace un repaso por cómo se articulan este tipo de actividades en otros países como Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, donde se exige que la persona se encuentre en situación de desempleo, lo que significa que no se aplicaría a personas que perciben prestaciones económicas de garantía de ingresos de carácter complementario a un salario. Además, la actividad que se realiza debe redundar en interés o beneficio de la comunidad y no de sustitución de empleo.
