bilbao. ¿Cómo valora el decreto vasco que regula la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles?
Ha sido una estratagema para conseguir que la cobertura absorbiera a más gente. Está claro que el departamento de Salud tiene la voluntad de atender y que está proveyendo de servicios sanitarios a los inmigrantes pero también pone pegas. Por ejemplo exige un año de empadronamiento porque dice que si no habría efecto llamada. Eso no es real porque según Ikuspegi tenemos desde hace tiempo la misma cifra de población inmigrante, un 6,8%.
Usted desmiente la leyenda urbana de que los inmigrantes consumen más en salud.
Por supuesto. Eso se demuestra con las cifras de Osakidetza ya que representan el 0,2% del gasto sanitario. Además nadie emigra por razones de salud. Normalmente las personas que migran son jóvenes y sanas.
La otra queja que ustedes esgrimen es la de la tarjeta sanitaria.
Hubo un periodo en el que el Gobierno dijo que no se iba a aplicar la norma estatal y que los que tuvieran tarjeta la iban a conservar. Pero como el real decreto asocia la asistencia sanitaria a la condición de asegurado, no solo a la condición de ciudadano, hay personas que no han accedido al mercado laboral y a la que se les complica mucho tener esa cobertura médica. Además, el pasado diciembre, el Constitucional avaló que el Gobierno Vasco tenía competencias para atender a la población inmigrante pero impuso el copago.
El copago es la otra desigualdad de acceso a la salud que denuncian.
Evidentemente porque si te obligan a pagar el medicamento, y hay fármacos bastante caros, no se consigue nada. Quizá hayan accedido a la sanidad, quizá les hayan atendido pero... Piensan que las ONG tenemos que cubrir ese vacío y nosotros ya lo hemos dicho muy claro; esa no es nuestra competencia. Si eres solicitante de asilo, basta con presentar una tarjeta roja pero al personal de los centros de salud nadie les ha dicho que esa es una excepción que contempla la ley. Además puede haber gente que no esté empadronada, en las capitales existe un empadronamiento social pero no existe esa sensibilidad en todos los municipios.
Pero el sistema no rechaza a nadie.
No se rechaza la asistencia pero no se da de forma normalizada, se da por esa voluntariedad de atender. Cuando es un menor o una embarazada, los problemas se resuelven, pero todo a salto de mata. Es evidente que hay voluntad de atender pero queremos que las normas sean claras y que los decretos estén en los ambulatorios igual que está la vacuna de la gripe para que se atienda a los inmigrantes en igualdad de condiciones. Atenderles no es cuestión de buenismo sino de derechos.
¿Conoce casos de personas que no han sido atendidas?
Tenemos constancia de muchos casos que han sido recogidos por la coordinadora de ONGs, Harresiak Apurtuz; menores a los que se deniega la atención, recién nacidos que son rebotados del Instituto de la Seguridad Social al centro de salud. De no creer, pero suceden muchos más de los que nos llegan porque algunos lo resuelven como pueden.