A CORUÑA. El movimiento ciudadano Nunca Máis, surgido tras el accidente del Prestige en noviembre de 2002, regresará hoy a las calles con diferentes concentraciones simultáneas en Galicia porque aquella tragedia medioambiental no fue "una maldición bíblica" y resulta inasumible que no haya culpables. En un comunicado, esta plataforma recuerda que hace once años se vivió la "mayor" catástrofe medioambiental, económica y social del Estado y considera "grotesco" que la culminación del macrojuicio que se celebró en A Coruña sea una sentencia de una "justicia en este caso al servicio del poder y del PP".

Entiende la citada organización que en este momento hay "un nuevo atentado contra Galicia" puesto que los gallegos, con el fallo leído en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no tienen derechos de reparación por el daño causado. Si el siniestro provocó en su momento "las mayores manifestaciones de un pueblo" en defensa de su dignidad y patrimonio marítimo, ahora es necesario recuperar esas movilizaciones, porque "con esta sentencia los políticos que tomaron las decisiones" de alejar el petrolero "están avalados para, de nuevo, ante una situación similar, hacer lo que entonces hicieron. Es decir, mentir, manipular y seguir siendo incompetentes".

Nunca Máis sostiene que no pueden quedarse callados, avanza un más que probable recurso ante el Tribunal Supremo y garantiza que a todo porquiño lle chega o seu San Martiño.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confesó su "decepción" por el hecho de que "nadie pague" los gastos ocasionados por la catástrofe del hundimiento del Prestige y remarcó que su Gobierno estudia si cabe recurso de casación contra la sentencia hecha pública en la pasada jornada, para lo que tiene un plazo de cinco días, al tiempo que ha incidido en que permanece abierta la vía civil.

Feijóo proclamó que, una vez que la Justicia ha determinado que los acusados no tienen responsabilidad penal, "a Galicia le interesa quién paga" el coste económico de la tragedia. No en vano, se mostró convencido de que "la inmensa mayoría" de la sociedad gallega siente "decepción" - "compartida" con su Gobierno- tras saber "que ni la clasificadora, ni la aseguradora, ni el armador del petrolero van a pagar" por permitir que "una chatarra flotante" navegase con "una sustancia tóxica" que causó un accidente "con enorme coste" para los ciudadanos, que lo afrontaron con sus impuestos.

"insatisfacción" para oregi Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, reconoció que "nos ha dejado a todos un poco inquietos e insatisfechos" y "con la sensación de que la justicia ha tardado demasiado para no decirnos prácticamente nada".

Oregi recordó que cuando se produjo esta catástrofe marítima frente a las costas gallegas, el 13 de noviembre de 2002, ella era directora de Aguas en el Gobierno Ibarretxe y "vivimos en primera persona, y tuvimos que estar al pie del cañón día a día, como muchos de nuestros ciudadanos", por lo que es "algo que tenemos muy interiorizado y muy dentro".

La consejera de Medio Ambiente destacó "la labor de nuestros ciudadanos, cómo se volcaron, no solamente con el pueblo gallego, sino también en la limpieza de nuestras costas, como salían nuestros voluntarios a recoger el chapapote en la mar y limpiar nuestras costas, que se vieron bastante afectadas".

En cuanto a los gastos que generaron los trabajos de limpieza tras el hundimiento del Prestige, Oregi explicó que el desembolso realizado por el Gobierno Vasco "se vio reembolsado vía Cupo por el Gobierno Zapatero", tras un acuerdo con el Ejecutivo español.