"Yo no sabía ni la cuarta parte de lo que le habían hecho a mi hija y me fui enterando por los medios de comunicación. Eso a mí me hacía daño". Han pasado ya más de diez años desde que a Mª del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, le comunicaron la más desgarradora de las noticias. "La Policía me dijo que a mi hija la había atropellado un coche, que me pusiera en lo peor. Me enseñaron uno de sus zapatos y poco más", recuerda.
Decretado el secreto de sumario, la familia apenas recibió información por los cauces oficiales. "Llega un momento en que te derrumbas, pero según fueron pasando las semanas y los meses, desgraciadamente me enteré de todo lo que le había sucedido por los medios y por las declaraciones que hicieron los asesinos en los juzgados". Sandra Palo fue violada, atropellada y quemada, aún con vida, por cuatro jóvenes. "Teníais vosotros antes la noticia que yo misma. Es muy duro, porque quien pierde a un hijo somos nosotros y tendríamos que ser los primeros en conocer la información. Otra cosa es que ellos te digan algo del secreto de sumario y tú lo filtres a los medios", señala.
Hoy es el día, dice Mª del Mar, en que los periodistas la siguen manteniendo al día. "Si sale una noticia de El Rafita o de cualquier otro de los asesinos de mi hija, me entero siempre por vosotros", afirma, aunque reconoce que en contadas ocasiones ha recibido alguna filtración por parte de la Policía, los centros de menores o las cárceles. "Igual alguien te manda un privado y no quiere que sepas quién es y te filtra alguna cosa, pero poco más".
A raíz de los detalles de la investigación que fueron trascendiendo públicamente, asesorada por su abogado, la familia reclamó una segunda autopsia. "Según la primera, no había sido violada. Viendo todo lo que veíamos, había muchas cosas que no nos cuadraban". Pese a que siguió las recomendaciones del forense y no vio los restos de su hija, las imágenes se difundieron. "Una cosa es que te digan que mejor no la veas y otra que luego yo lo vea en televisión. Al cabo de diez años seguimos viendo las mismas imágenes. Ver lo que queda del cuerpo de tu hija realmente duele". Lo que no ha visto nunca es la cara de El Malaguita, el único condenado que cometió los hechos siendo mayor de edad. "Está cumpliendo prisión desde hace diez años. A mí me lo pones delante y no sé ni quién es, cuando yo estoy viendo juicios muy mediáticos en los que al asesino o al presunto asesino se le ve el rostro", destaca.
Noticias sin contrastar Agradecida a los medios, porque "sin ellos, muchos casos caerían en el olvido", Mª del Mar aboga por la información veraz y en su justa medida. "En el caso de Asunta, al igual que en el de los niños de Córdoba, ha habido mucha información. Yo no sé si es bueno o malo o si a lo mejor interfiere en la investigación, hay en casos que sí, pero se están filtrando demasiadas informaciones. Estoy a favor de que se informe, pero dosificando y que lo que se dé esté bien contrastado", defiende, tras haber sufrido la mala praxis periodística en sus propias carnes. "Nada más encontrar el cuerpo de mi hija, como estaba carbonizada, un periódico publicó que era una prostituta. No se había hecho ni una prueba. Y si lo hubiera sido, ¿qué pasa, que por eso la pueden matar?".
Con la mirada puesta en ciertos programas de televisión matutinos, Mª del Mar lamenta que a veces se difundan "noticias sin contrastar porque confunden a la sociedad". También, añade, hay "cosas que no se deberían decir, como un comentario que hicieron riéndose de que el juez Taín se había dejado dos pruebas cuando fue a la casa de la madre de la niña. Todo el mundo tiene derecho a cometer un fallo, pero no creo que eso sea como para que lo comparen con un cómic".
El juez José Antonio Vázquez Taín tampoco se ha quedado precisamente callado. "El periodismo funciona así, sale un tweet que dice que los datos revelan que Asunta volaba" y los medios recogen que "fuentes bien informadas próximas a la investigación aseguran que Asunta volaba", ironizó el juez instructor del caso la semana pasada en una conferencia en Vigo, en la que también abogó por anular el secreto de sumario ante la imposibilidad de evitar las filtraciones.
Tras censurar la actuación de Taín -"no soy partidario de que los jueces hagan ningún comentario sobre la instrucción en la que participan"-, el abogado Miguel Alonso Belza subraya la "seria contradicción" en la que, a su juicio, incurre el juez al haber prorrogado el secreto de sumario en el caso Asunta, pese a sus manifestaciones en sentido contrario.
La posición del cadáver, la posible causa de la muerte, el móvil... Sean especulaciones o datos contrastados, lo cierto es que el goteo de informaciones sobre la niña hallada muerta en Galicia es incesante. "Los profesionales de la justicia, en general, pensamos que esos alardes de conocimiento de hasta el más pequeño detalle no son buenos para el esclarecimiento de los hechos. Además, todo esto de alguna manera degenera en una morbosidad que de cara a la víctima es hasta irrespetuoso", reprueba Alonso Belza. Dado que "las filtraciones pueden contaminar la instrucción", lo ideal, dice, sería que se informara durante la celebración del juicio "con los periodistas en sala".
La falta de medios y la dificultad para determinar de dónde parten son, a juicio de este letrado, algunas de las causas por las que no se suelen intentar esclarecer las filtraciones. "No hay medios y, por tanto, a no ser que sea una cuestión de Estado o algo así, la inmensa mayoría de los casos no se investigan", reconoce Alonso Belza. Y cuando se intenta tirar del hilo, no siempre se llega al cabo. De hecho, el también profesor de Criminología recuerda que, tras la filtración de una serie de informaciones sobre un asesinato cometido en Gipuzkoa, se incoaron diligencias para tratar de identificar al autor o autores, pero se terminaron archivando.
Desde su experiencia profesional, este abogado que ejerció la acusación en nombre de la familia de Nagore Laffage, la joven asesinada en Iruñea, concluye que, "en términos generales, los secretos de sumario sí funcionan" y que las filtraciones se producen en casos de gran interés, como "el asesinato de una niña o un tema de corrupción".
Dos tipos de secreto El secreto de sumario, recuerda el magistrado de la Audiencia Provincial de Araba Jaime Tapia, "se ha puesto ya en cuestión no solo por las filtraciones, sino por lo que constituye de limitación del derecho de defensa". No en vano en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se reduce el plazo del mismo a tres meses -cuando actualmente "se puede prorrogar casi sine díe"- con el fin de evitar, entre otras cosas, los juicios mediáticos paralelos.
Según explica el magistrado, "el secreto sumarial estricto se suele salvaguardar, ya que el fiscal y el juzgado no suelen realizar filtraciones y menos cuando son delitos graves". No ocurre lo mismo con el secreto "genérico", que es el que "establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación al no conocimiento que tienen que tener de las actuaciones otras personas que no sean las partes". En este caso pueden acceder a la información la acusación particular, la acusación popular y la defensa y es más habitual que se filtre "el contenido de las declaraciones de una parte o de los informes periciales". Dado que suele primar el derecho a la información, cuando los detalles trascienden "normalmente no se considera que se esté cometiendo ninguna infracción". Algo que sí sucede en el primer supuesto. "En el secreto más estricto los jueces de instrucción a veces sí abren diligencias para descubrir de dónde parte la filtración porque ahí sí que el delito es grave y el perjuicio que se puede hacer al buen fin de la investigación es relevante", remarca.
Partidario de "evitar el amarillismo", Tapia aboga por informar "de manera constructiva" y por "el autocontrol" de los medios. Vetar la difusión de datos durante la instrucción, como hacen otros países, no parece factible. "Desde que se produce un delito hasta el juicio someter a la gente a una especie de omertá, de silencio absoluto, me parece exagerado e inalcanzable. Si fueran los juicios tan rápidos como en otros países, quizás podríamos".
Comprobar la veracidad de la información filtrada y ver si puede "ser dañina, si atenta contra los sentimientos o el honor" es lo que deberían hacer los periodistas desde el punto de vista de la deontología, tal y como detalla la profesora de la UPV Ainara Larrondo. "El límite que habría que ponerse es el respeto a las víctimas y a los familiares, en especial cuando hay asesinatos. Los códigos intentan que se evite el morbo, otra cosa es la realidad". De hecho, corrobora, "sí que se nota últimamente una tendencia especialmente sensacionalista, sobre todo por parte de la televisión". Algo que puede ser "muy criticable", pero que los propios medios deben regular. "La cuestión está en ver si velan por el derecho a la información del público o solo buscan ganar audiencia".
