Bilbao. El director de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, aseguró ayer que la solución al conflicto desencadenado en la enseñanza concertada -menos en las ikastolas- pasa por que el Gobierno Vasco aporte 12 millones de euros más al año a estos centros o por que los sindicatos acepten los recortes, ya que "los centros no tienen dinero líquido para hacer frente" a la deuda de 18 millones de euros contraída con el profesorado tras la rebaja en sus nóminas. Una reducción salarial que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal y que ahora obliga a subsanar. Dicho de otro modo, la patronal que representa el 60% de la red concertada vasca (137 centros) abandona en el tejado de sindicatos y Gobierno Vasco la responsabilidad de resolver un problema que ya ha afectado a 30.000 familias vascas, dejando a 100.000 estudiantes sin clase, cuando la raíz del riesgo de quiebra no es otra que la decisión de aplicar a sus 7.500 trabajadores el recorte salarial del 5% impuesto por el Gobierno de Patxi López a los docentes de la escuela pública. Ello unido a la desigual financiación de la concertada frente a la pública por parte de Lakua.
La propuesta de solución avanzada ayer por Kristau Eskola nace en vía muerta. No en vano, la patronal es consciente de que el Gobierno Vasco no va a subir el concierto educativo (por disposición presupuestaria y porque se lo impide la Ley de la Escuela Pública Vasca) ni los sindicatos van a aceptar nada por debajo de las condiciones salariales del convenio de 2009, anterior a los recortes.
Por su parte, Kristau Eskola no está por la labor de publificar alguno de sus centros (solo el 15% disfruta de una situación económica holgada para hacer frente a la deuda) ni de repercutir en las familias las consecuencias del conflicto, subiendo las cuotas. Tal y como subrayó Ormazabal, Kristau Eskola tampoco quiere aplicar el descuelgue salarial y que cada centro se arregle como pueda.
Por tanto, en estos momentos, el tablero de la negociación colectiva continúa en tablas menos por el hecho de que cada mes que pasa sin que patronal y sindicatos cierren un nuevo convenio de ámbito vasco la deuda contraída podría aumentar. Por eso en julio Kristau Eskola rompió la mesa tras decaer el convenio propio y se acogió al estatal amparándose en la reforma laboral. Según el director de los centros religiosos, del 1 de enero al 5 de julio "hemos aumentado la deuda en 3 millones de euros y si hubiéramos seguido (en la mesa de negociación sine die como quieren los sindicatos) hubiéramos tenido una deuda de 4 millones más". Es decir, cada año sin acuerdo se acumularía una deuda de 7 millones.
Abiertos al acuerdo Ormazabal dijo que la referencia al convenio estatal es una medida "transitoria" y reiteró su voluntad de negociar un convenio sectorial de ámbito vasco acorde a la financiación que apruebe el Gobierno, lo cual implicaría la "necesidad de llegar a unas posturas razonables" por parte de la plantilla. Es decir, que los sindicatos deberían flexibilizar su postura y renunciar a su pretensión de igualar las tablas salariales de dicho convenio a las de 2009, año en el que la financiación pública de la red concertada se instaló en su máximo histórico. Y es que, a tenor de lo escuchado ayer, excepto por el 5% que separa los sueldos del profesorado de la pública y la concertada, en la actualidad se mantiene gran parte de las condiciones laborales anteriores a julio ya que que están sujetas al módulo de financiación de la concertada.
Ormazabal afirmó que muchos profesores están dispuestos a bajarse el sueldo dada la disponibilidad financiera del Gobierno Vasco y a la realidad social de Euskadi, en la que cientos de empresas están en ERE, miles de personas han perdido su puesto de trabajo y muchas familias sufren recortes superiores a ese 5%. Además, sugirió que las elecciones sindicales que se celebrarán este otoño están detrás del nivel de conflictividad alcanzado -con una huelga el pasado 26 de setiembre y la convocatoria de dos nuevos paros los días 22 y 24 de este mes-. Tampoco se puede sustraer del análisis, las diferentes estrategias que están siguiendo ELA y LAB a nivel de Euskal Herria. Mientras en las ikastolas (donde LAB es mayoritario) no hay conflicto, pese a estar en las mismas circunstancias, en Kristau Eskola (donde ELA es mayoría) el problema ha degenerado en un enfrentamiento abierto en el que están atrapados 90.000 estudiantes y sus familias.
