GASTEIZ. El consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juan Mari Aburto, afirmó ayer que la petición del Ararteko de eliminar el requisito de un año de empadronamiento para el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención sanitaria no urgente es una recomendación "a tener en cuenta", aunque reconoció que hay que tomar en consideración "la situación de crisis" actual.

Aburto se refirió de esta forma a una recomendación del Ararteko, que plantea la eliminación del requisito de un año de antigüedad en el padrón para que los inmigrantes irregulares puedan recibir asistencia sanitaria no urgente en Euskadi. El consejero de Empleo y Políticas Sociales recordó que pese a este límite, los menores de edad y las mujeres embarazadas sí tienen acceso a este tipo de atención sanitaria pese a no tener regularizada su situación y a no tener un año de antigüedad en el padrón.

Además, destacó que la atención urgente se ofrece a todas las personas, y recordó que, pese a las medidas del Gobierno Rajoy en el sentido contrario, en la CAV se sigue garantizando -con el mencionado requisito- la atención médica no urgente a las personas inmigrantes en situación irregular. "Se trata de mirar al futuro pensando en que hay recorrido, pero hay que sentirse orgullosos del sistema de servicios y protección social del que nos hemos dotado", manifestó.

campaña de sensibilización Por otra parte, el Gobierno Vasco pondrá en marcha antes de fin de año una campaña destinada a "poner en valor" la contribución de las personas inmigrantes a la sociedad vasca y, de esa forma, combatir los "rumores" y las informaciones carentes de "veracidad" que alientan el rechazo hacia este colectivo, según anunció Juan Mari Aburto.

Aburto analizó ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales del Parlamento vasco los datos del informe del Observatorio vasco sobre la Inmigración-Ikuspegi referido a 2012, publicados el pasado mes de junio. El estudio refleja que el porcentaje de ciudadanos vascos que considera que los inmigrantes en situación irregular deben ser expulsados a sus países ha crecido en el último año del 8,8 al 21,3%.