vitoria. El último episodio del asunto Trebiño nació el pasado mes de marzo limpio de cicuta política. No obstante, dadas las circunstancias y el juego de pasillos, inevitablemente tendrá que enjuagarse con ella si realmente quiere la anexión al País Vasco, como vienen demandando sus vecinos desde hace años. Al parecer, ése es el precio de una libertad histórica que pasa, primero, por convencer a los rectores de Castilla y León, lo cual siempre ha resultado imposible. Y segundo, hacer lo propio en el Congreso de los Diputados, donde también el PP ostenta una mayoría absoluta. Así pues, y en vista de que ni los diputados castellanos quieren asumir la voluntad de Trebiño ni Madrid hacerle un feo a sus hermanos con una decisión que atentaría contra el poderosos lobby castellano, las opciones se reducen a la diplomacia política o a la guerra. "Si no nos hacen ni caso, al menos que todo el mundo sepa que quienes nos gobiernan dicen una cosa en privado y justo la contraria en público", sostenía ayer un vecino del enclave.

De momento, los alcaldes de las localidades implicadas, Ignacio Portilla, del Condado de Trebiño, y Roberto Ortiz de Urbina, de La Puebla de Arganzón, parecen haber encontrado una línea intermedia. Una fórmula para avanzar que, de momento, les ha servido y garantizado que el asunto Trebiño llegará al Congreso de los Diputados antes de que concluya este año, que no es poco. Con el apoyo explícito, e histórico, en el Parlamento Vasco de PNV, PSE-EE y EH Bildu se tramitará una ley orgánica para modificar los límites provinciales de Euskadi. Sin embargo, a pesar de la mayoría que conforman estas tres formaciones, no parece suficiente, porque sin el apoyo popular en el territorio histórico de Álava y Euskadi es altamente improbable que Madrid ceda.

De ahí que ayer, tanto Trebiño como La Puebla de Arganzón emprendieron una nueva vía en la resolución de este conflicto administrativo a través de una denuncia pública y expresa sobre el Partido Popular de Castilla y León. Le acusaron de querer "torpedear" el proceso con "manipulaciones artificiales" y "presiones infundadas de veto" en las que no existe el mínimo argumento "razonable" que impida la incorporación de Trebiño a Euskadi. Por eso, conscientes de que el PP alavés "siempre" se ha mostrado favorable a este extremo -tanto Javier de Andrés como Alfonso Alonso se han posicionado públicamente en esta línea-, los dos alcaldes denunciaron abiertamente las "fuertes presiones" de la Junta castellana y de la Diputación de Burgos hacia sus hermanos en el País Vasco para que no secunde una iniciativa que podría poner fin a una situación administrativa crítica. "En Madrid tienen pánico a que el PP vasco diga una cosa y el de Burgos otra", señaló Portilla.

"no sucumbáis" Así y todo, a pesar de la rigidez de las posiciones, aún hay cierto margen de maniobra. Este jueves el Pleno del Parlamento Vasco abordará en uno de sus puntos la cuestión de Trebiño y ahí deberá mostrar sus cartas el Partido Popular, que previsiblemente un mes después, cuando se vote la tramitación de la ley orgánica para remitirla al Congreso, se decante por la abstención. Con la intención de cambiar el sentido del voto, los dos alcaldes conminaron a los populares vascos a que no "sucumban" a las "presiones" de su partido a nivel nacional ni de Castilla y León, y vote a favor de la anexión. "Saben que nuestra propuesta es legítima y escrupulosamente legal, y saben también que Burgos no puede vetarla amparándose en su Estatuto de Autonomía, ya que la única institución que puede adoptar una decisión sobre esta materia es el Congreso de los Diputados", resolvió Portilla.