Gasteiz. Todo parece indicar que el Partido Popular se ha apeado del deseo compartido de los trebiñeses de pertenecer a Álava. Es más, en el enclave parece que se han cansado de encontrarse las presiones del PP en el camino hacia la desanexión de Castilla y León. Según ha podido conocer este diario de fuentes de ambos municipios del Condado, los populares estarían utilizando su fuerza en el Parlamento Vasco para que las iniciativas presentadas por PNV, PSE y Bildu en favor de respetar la voluntad de los vecinos de Trebiño no salgan adelante.

Aquellas iniciativas, denominadas la segunda vía, se van a debatir en el Pleno de la Cámara autonómica del próximo jueves. Al parecer, la formación conservadora estaría apostando fuerte para evitar que salgan adelante. Los detalles "de las presiones del PP en su proceso de anexión a Euskadi" serán explicados el próximo lunes por los dos alcaldes del enclave, Ignacio Portilla, de Trebiño, y Roberto Ortiz de Urbina, de La Puebla de Arganzón, en una rueda de prensa que ofrecerán en la capital alavesa.

La segunda vía es una de las propuestas del Informe Erkoreka, jurista a quien se encargó el estudio para la anexión del enclave al País Vasco y se materializa en una iniciativa de los dos consistorios recogida por PNV, EH Bildu y PSE a través de un proyecto de ley de artículo único que se limita a decir que los municipios de Condado de Trebiño y La Puebla de Arganzón, actualmente pertenecientes a la provincia de Burgos, "quedan agregados a la provincia de Álava". El texto se completa con dos disposiciones transitorias y una final. Al respecto, el pasado 30 de mayo los dos alcaldes entregaron en el Parlamento Vasco las dos certificaciones de las respectivas actas de los Plenos municipales celebrados el 8 de marzo en las que se manifestaba el deseo de ambos municipios de dejar de pertenecer a Castilla y León e integrarse en Álava.

Ante esos hechos, la primera de las reacciones oficiales se produjo el 30 de junio, cuando la Junta de Castilla y León que preside Juan Vicente Herrera (PP) se posicionó -una vez más- de forma oficial en contra de las solicitudes de segregación del enclave. Además, como solución a los problemas, el Consejo de Gobierno de aquella comunidad, a petición de la consejería de Presidencia, propuso la colaboración interadministrativa como fórmula para seguir mejorando la prestación de servicios públicos, la atención de las necesidades concretas y el bienestar de los ciudadanos del enclave de Trebiño.

Según el Ejecutivo castellano, en una perspectiva histórica el informe de mayores vinculaciones elaborado por esa institución señala que desde el siglo XI el Condado de Trebiño ostenta una identidad propia, formando parte desde el año 1200 de la Corona de Castilla, pasando por la división territorial de España propugnada por Javier de Burgos en 1833 -donde el Condado aparece con fronteras propias y asignado a la provincia de Burgos- hasta la situación actual que, con el mismo fundamento, ha sido mantenida con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. "Trebiño siempre ha sido Burgos y Castilla y León. Por tanto, no cabe argumentar que tal situación es un anacronismo histórico, ya que la historia es uno de los elementos formadores de las situaciones de organización territorial y política de los pueblos y naciones".

Tras las argumentaciones dadas por la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León, los alcaldes de Condado de Trebiño y de La Puebla de Arganzón tuvieron que recordar a las autoridades castellanas que "Trebiño y los trebiñeses no somos ninguna propiedad". Los alcaldes argumentaron que "las razones para pedir la anexión a Álava son "prácticas", como queda meridianamente claro con este ejemplo: sólo la quinta parte de los escolares del enclave acude a la escuela pública en el municipio; el resto demanda el sistema educativo vasco". A esto se añade que "no hay un convenio entre los servicios de salud públicos de Castilla y León y de Euskadi, donde los vecinos reciben la mayor parte de las prestaciones".

Portilla y Ortiz también rechazan algunas manipulaciones argumentando que "nuestro planteamiento es absolutamente legal, y no responde a ninguna locura independentista como la de Artur Mas en Cataluña, como ha destacado el Partido Socialista de Burgos" y que no existe ya un frente común político "contra nuestra propuesta, dado que hay formaciones como UPyD y el PSOE que destacan públicamente la lógica de nuestro planteamiento, que no consideran ningún descabello".