Vitoria. Es "absolutamente imposible" amañar un concurso público en el Ayuntamiento de Vitoria. Así de rotundo se mostró ayer el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y exalcalde de Gasteiz, Alfonso Alonso, cuando le preguntaron en Radio Euskadi por las acusaciones del grupo municipal del PSE lanzadas la semana pasada. Los concejales Patxi Lazcoz y Maite Berrocal denunciaron presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción y explotación de la planta de residuos de la construcción de Gardelegi, otorgada a una UTE formada por tres empresas. Una de ellas, hoy absorbida por Sacyr, es Sufi, cuyos responsables confesaron haber pagado a empresas testaferro de la red Gürtel por adjudicaciones en el Ayuntamiento de Madrid.
Según la documentación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional hecha pública por el PSE, Sufi abonó 330.600 euros a una de esas empresas de la trama de Francisco Correa, Nige, por el asesoramiento en la licitación de la planta de Gardelegi, un trabajo del que no hay constancia alguna.
Ayer Alonso defendió la legalidad de los contratos adjudicados, recordó que Sufi no se presentó sola al concurso, sino aliada con otras dos firmas, y por tanto defendió que su actuación fue "correcta". De hecho, el exalcalde considera que se le está atacando porque tiene "una posición en Madrid".
Fue hace ocho años cuando el Ayuntamiento comandado entonces por Alonso eligió a la UTE formada por Sufi, Lanbide Construcciones y Escor para levantar la instalación y explotarla durante quince años. El monto total del contrato fue de en torno a catorce millones de euros, de los que alrededor de ocho se iban a invertir en las obras y la gestión de la planta.
Dos años más tarde, poco antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento revisó al alza las tarifas de las que se beneficiaba esta UTE, un proceso que nada tiene de particular para el PP vitoriano, ya que el propio Lazcoz lo hizo cuando era alcalde. Sin embargo, el PSE denunció que cuando fue al Departamento de Hacienda a buscar el expediente correspondiente a esa decisión, no estaba.
El actual equipo de gobierno remitió dicho documento con celeridad, tras la denuncia del PSE, al propio grupo socialista y a los medios, pero lejos de desenredarse, el asunto alcanzó una nueva dimensión. Al día siguiente Lazcoz aseguró que lo que envió el PP no era el expediente requerido, sino un conjunto de documentos reunidos en "un intento de tapar la verdad". En esos documentos se explica que la subida de tarifas se debió al incremento del precio de la materias primas, al aumento del IPC y a diversas mejoras que se realizaron en la planta.
Según señaló Berrocal la semana pasada, el procedimiento de la adjudicación a Sufi, y principalmente el pago de los 330.000 euros a Nige, sigue el modus operandi de la trama de Correa, cuyas empresas, según la UDEF, recibían dinero como pago por adjudicaciones públicas amañadas. Tanto Sufi como Nige figuran en el informe policial y en las diligencias previas del proceso penal que se sigue contra la presunta red corrupta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
el alquiler de san antonio Por otro lado, Alonso declaró en su entrevista a Radio Euskadi que no ha sido requerido para comparecer en la comisión de investigación que trata de averiguar los detalles del contrato firmado en 2007 por el Ayuntamiento de Vitoria con el empresario Gonzalo Antón. El equipo de gobierno rubricó el arrendamiento de un local en la calle San Antonio con unas actualizaciones muy superiores al IPC y blindado por diez años. Una semana más tarde la duración de ese blindaje se duplicó.
