Vitoria

Gallardón pisa este otoño el acelerador de las reformas. Tras su anuncio de que la reforma del aborto se presentará antes de que termine octubre, fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado ahora que el Gobierno elevará de 13 a 16 años la edad mínima para que un menor pueda mantener relaciones sexuales consentidas. Una medida que será previsiblemente aprobada en Consejo de Ministros en las próximas semanas. El ministro desgrana así los cambios a través de los medios de comunicación, pero sin detallar los tiempos ni en qué van consistir exactamente los cambios. Sin embargo, los globos sonda de Gallardón están teniendo una acogida muy desigual.

La cuestión del aborto ha levantado tantas ampollas que hasta el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, solicita un "pacto amplio" que deje de lado las diferencias políticas, mientras la vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la doctora Francisca García, denuncia que la reforma de la ley del aborto llevará a la "clandestinidad" al 99,9% de las 3.000 mujeres afectadas por alguna patología fetal. En la otra cara de la moneda, organizaciones de mujeres, juristas y colectivos médicos aplauden el anuncio de elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años.

"Bajo las órdenes de la Iglesia"

Critican el retroceso a 1985

Gallardón ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas y decidido a retomar su cruzada contra los derechos de las mujeres. Porque eso es lo que piensan los colectivos ciudadanos sobre su iniciativa más controvertida, la reforma de la ley del aborto. Una medida, que le iba a ayudar a reconciliarse con el lado más conservador de su partido y a la que le ha faltado diligencia. La reforma, cuatro veces aplazada, por razones de oportunidad política y por discrepancias internas en el propio Gobierno, ya tiene fecha. ¿A la quinta va la vencida? La reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010 siendo ministra de Igualdad Bibiana Aído, fue una promesa electoral del PP, que, además, había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que sigue pendiente.

Solo organismos provida y la Conferencia Episcopal revalidan las tesis del ministro en materia del aborto, tesis que han encontrado un rechazo frontal por parte de innumerables colectivos sociales. Entre los partidarios, Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, quien afirma que los obispos están dispuestos a respaldar nuevas manifestaciones públicas si el actual gobierno persiste en liberalizar la ley del aborto.

En el polo totalmente opuesto, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, quien augura que la reforma de la ley del aborto será "una escabechina para los derechos de las mujeres, que verán cómo retrocedemos a la prehistoria". O la opinión de Elena Valenciano, para quien "abortar se hace con o sin leyes y estas precisamente se han inventado para evitar que se practique de forma clandestina"

Fundación Mujeres y la Federación de Mujeres Separadas consideran "una mala noticia" la idea del ministro de Justicia de modificar la ley. La presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree que "Gallardón no parece muy interesado en contar con las opiniones de las asociaciones de mujeres, que no han sido consultadas". Retroceso es la palabra preferida para describir la medida. Coincide en este extremo la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas, Ana María del Campo, que subraya que "era de esperar pues es una ley indispensable tanto para el Gobierno como para el PP que lo que quiere es hacer un retroceso bajo las órdenes de la Iglesia".

Estar en pie de la guerra es la consigna para los próximos meses. "Nos van a tener a todas frente a esta ley. Es un contrasentido y un retroceso de tales dimensiones que no choca en absoluto que hasta las juventudes del PP estén saliendo con banderas de la época franquista", afirma Del Campo. Mientras las protestas arrecian, plataformas como Decidir nos hace libres sigue combativa. En ella han dado la cara más de cincuenta personalidades del mundo de la política, la cultura, el periodismo y las organizaciones sindicales. El objetivo principal de la campaña es "frenar la evangelización educativa que lleva a cabo la jerarquía eclesiástica, porque todos sabemos que cuando la iglesia gana terreno, los ciudadanos pierden derechos, en especial las mujeres", incide Alicia Miyares, su portavoz. La plataforma se hace eco de testimonios de calado como los de la actriz Natalia Dicenta. "En el año 86 tuve que viajar a Londres porque mi país no me daba cobertura sanitaria suficiente para que yo pudiera abortar. Era una mujer muy joven y sencillamente no quería tener hijos", argumenta en un vídeo.

Una situación anómala

Combatir riesgos de abuso

Una reacción totalmente a la inversa es la que ha provocado que la emancipación sexual de los chavales se eleve a los 16 años, una decisión que concita el apoyo de buena parte de los expertos, ya que resuelve una situación anómala que situaba a España como el país con la edad de consentimiento más baja de la Unión Europea. El portavoz de la organización pro derechos de los niños, José Luis Calvo, afirma que hacía falta esta reforma porque "ha sido causa de delitos, abusos e impunidades por parte de adultos que se han aprovechado de la situación".

Comparte esta opinión Marta Arias, directora de políticas de infancia de Unicef, "porque se trataba de un factor de riesgo muy importante en los abusos a menores". Para la representante de Unicef, aunque luego "pueda discutirse si es más adecuado elevarlo a 15 o 16, lo importante es que el tema se plantee" y que, además, "en coherencia con esta medida se eleve también la edad mínima para contraer matrimonio, que el Código Civil establece actualmente en 14 años". Es también proclive a elevar la edad, Save The Children aunque defiende que la regulación sea flexible y que el juez tenga margen de maniobra para evaluar caso por caso las relaciones entre iguales.

Los pediatras, por su parte, tachan la decisión de "algo extrema" dado que en España las relaciones sexuales entre adolescentes suelen iniciarse entre los 14 y 16 años en más de la mitad de los casos, por lo que se estaría criminalizando lo que actualmente es una realidad social. "Está claro que hay que proteger a las menores de 16 que no sean suficientemente maduras y que puedan relacionarse con adultos que les coaccionen, pero no se puede generalizar que todos los menores son inmaduros". El diputado de EAJ/PNV Emilio Olabarria también se muestra partidario y, de hecho, ya presentó una proposición hace dos legislaturas en este sentido. "Parece una iniciativa razonable y aconsejable aunque quizá se podría discutir la edad en la que fijar el límite, si en 16 o en 15 años", puntualiza.