madrid. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, continúa con su promesa de reformar la actual ley del aborto para hacer que retroceda a los preceptos de 1985. En concreto Gallardón ya ha puesto fecha para esta modificación que será presentada al Consejo de Ministros "antes de que termine el mes de octubre", y garantizó que respetará el "discurso histórico" del PP sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

"No va a haber ningún tipo de bandazos del PP", afirmó en una entrevista a RNE. Así, subrayó que el partido ya definió "los criterios del PP en relación con la regulación del aborto" en el recurso a la vigente ley, aprobada por el anterior Ejecutivo, que presentó ante el Tribunal Constitucional y va a mantener sus "compromisos".

En este sentido, aunque no concretó las novedades del proyecto de ley, indicó que "no se distancia de lo que ha sido el discursos tradicional en defensa de la vida y los derechos de la mujer del PP, que además se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional".

sin fisuras Gallardón negó que haya divergencias en el Gobierno sobre la reforma. "No tenga ninguna duda de que será un proyecto asumido, respaldado por el Gobierno en pleno", apuntó el ministro, quien garantizó que no se puede "hablar de diferencias internas en el Gobierno".

Gallardón acusó al anterior Gobierno de romper el "espacio de consenso" que se había establecido con gobiernos del PSOE y del PP, y que había sido "muy difícil de mantener", sobre el aborto, al probar "una modificación unilateral de un tema tan sensible". Además, entiende que, "a diferencia de lo que hizo el PSOE", la reforma del Gobierno responde al "mandato de los ciudadanos".

La reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en febrero de 2010, fue una promesa electoral del PP que, además, había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que en la actualidad sigue pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal.

La norma, que permite abortar a las menores de 16 a 18 años sin conocimiento paterno en caso de conflicto, establece un sistema de plazos por el que el aborto es libre durante las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 si se diagnostica que existe riesgo grave para la mujer o anomalías graves en el feto. Si estos problemas fueran incompatibles con la vida de alguno de los dos no habría límite temporal para abortar.

Según ha venido declarando Gallardón desde que tomara posesión de su cargo, la intención del Ejecutivo es una norma que se aproxime más al sistema de supuestos vigente en España desde 1985, por el que se permitía a la mujer interrumpir el embarazo sólo en tres determinados casos -violación, malformación fetal o grave riesgo para su salud física o psicológica- y que proteja al no nacido.