MADRID. Esta reforma del Código Penal promovida por Galladón ha recibido informes que ponen en duda su constitucionalidad por parte del Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) y del Consejo Fiscal (en el que están representados los profesionales del Ministerio Público, los fiscales).
También el Consejo de Estado ha hecho un dictamen sobre la nueva norma (lo aprobó el pasado 27 de junio), aunque ni desde este órgano constitucional, ni desde el Ministerio de Justicia, han informado sobre el sentido de este último informe que, como los anteriores, debe ser escuchado, pero no obliga en ningún sentido al Ejecutivo.
En cualquier caso, el texto de reforma del Código Penal que el Ministerio de Justicia envió al Consejo de Estado y que previsiblemente llevará a las Cortes para su aprobación a partir de septiembre mantiene las dos medidas sobre cuya constitucionalidad expresaron dudas el CGPJ y el Consejo Fiscal.
Se trata de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad previstas, respectivamente, para condenados por delitos especialmente graves y para presos de especial peligrosidad.
Junto a estas medidas, el Gobierno aprobará después del verano o ya en el otoño, según han explicado a Efe fuentes de Justicia, el anteproyecto del nuevo Código Procesal Penal, el cual propone que los fiscales tengan la iniciativa en la instrucción de los casos, mientras el juez pasa a ejercer la función de garantía de los derechos fundamentales.
Del mismo modo, el ministerio del que es titular Gallardón llevará también al Consejo de Ministros el anteproyecto de modificación de la Ley de Demarcación y Planta, con medidas como la creación de tribunales de instancia de circunscripción provincial.
Los dos anteproyectos serán informados por diferentes instituciones a lo largo del curso y podrían estar en tramitación parlamentaria en primavera, según las citadas fuentes de Justicia.
Además, después del verano el nuevo Código Procesal Civil, que prevé un mayor protagonismo para los procuradores, será informado por el CGPJ y otros órganos constitucionales, para después ser enviado por el Gobierno a las Cortes.
La Comisión de Estudios del CGPJ ya ha valorado algunos riesgos de privatización de la Justicia en este anteproyecto, aunque todavía no se ha pronunciado el pleno del CGPJ, que será quien haga el informe definitivo.
En cuanto a la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, el texto de nuevo Código Penal enviado por Gallardón al Consejo de Estado defiende que están previstas para supuestos de especial gravedad.
Así, la prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad -asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad-.
"La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena un Tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal", dice el texto.
En cuanto a la custodia de seguridad, obedece no a la gravedad de la pena, determinada por la culpabilidad, sino a la peligrosidad del autor, señala la reforma de Gallardón.
De este modo, "en el caso del internamiento en centro psiquiátrico" si se trata de una persona "que sufre una grave patología psiquiátrica que le ha llevado a cometer reiterados delitos contra la vida o la libertad sexual, cuando las valoraciones psiquiátricas disponibles confirmen que continúa tratándose de una persona extraordinariamente peligrosa", se prolongará su internamiento, señala el nuevo Código Penal.
