vitoria. El polémico decreto de la Diputación en el que se desentiende de la recogida y cuidado de los perros que aparezcan abandonados en los pueblos de Álava continúa siendo objeto de debate en los municipios del territorio. A partir de ahora los ayuntamientos van a verse obligados a pagar de su bolsillo todos los gastos derivados de capturar y mantener a dichos animales e incluso ubicarlos en espacios adecuados si no quieren tener que pagar las tarifas que establezca el Ayuntamiento de Vitoria para que el centro de protección de animales de Armentia pase a hacerse cargo de ellos.

Aunque el ejecutivo foral mantiene que la competencia de esta actividad recae en los propios municipios en el resto de provincias vascas, estos responden que también otras diputaciones asumen gastos que en el caso de Álava deben abonar los pueblos. Además, desde dichos ayuntamientos, así como de la asociación protectora de animales de Álava, instan al equipo de Javier de Andrés a explicar por qué, si el sistema con el que la recogida funcionaba hasta ahora es "inviable económicamente", los presupuestos forales establecen una partida mucho mayor para la captura y destrucción de animales muertos que para recoger a perros y otras especies que se encuentren en situación de abandono a lo largo de la provincia alavesa.

Y es que, según consta en los presupuesto forales del departamento de agricultura, Diputación destina en total 344.867 euros a la "recogida y destrucción de cadáveres de animales", al tiempo que el montante anual dirigido a la "recogida de animales vagabundos" se limita sin embargo a 50.000 euros. De hecho, el ejecutivo popular dedica tres partidas distintas de unos 100.000 euros dentro de su presupuesto para la recolección de animales muertos.

solución Aún siendo evidentemente una labor crucial la de recoger los cadáveres de las diferentes especies animales que aparecen por toda la provincia, colectivos en defensa de los animales como la vitoriana Apasos mantienen que "con que esos 50.000 euros destinados a coger animales abandonados aumentaran hasta 100.000 se solucionarían muchos de los problemas que provoca este nuevo decreto de la Diputación", según explica el portavoz de la asociación, Martín Molinero. Precisamente son 100.000 euros aproximadamente lo que el gobierno foral pretende ahorrarse eliminando dicha competencia y trasladándola a los pueblos, que pagarían a la perrera municipal de Vitoria cantidades que podrían llegar a los 500 euros por cada perro vagabundo que hallen en su municipio, siempre y cuando no habiliten un local -además de personal- específico para capturarlos, alimentarlos y mantenerlos con vida durante el tiempo que marca la ley.