Vitoria. En el medio rural, las administraciones tienden a sustituir la tijera por una segadora. Los recortes son más hondos y, en muchas ocasiones, se traducen en la desaparición de servicios que en la capital resultan intocables. Seguramente ningún vitoriano se esperaría que su ayuntamiento eliminara el transporte público algunos días de la semana con la excusa de sobrellevar la crisis, pero los vecinos de muchos pueblos están preparados para ésta y más sorpresas. El servicio a demanda de taxis que conecta las localidades alavesas sin autobús con las paradas más cercanas ha dejado de funcionar definitivamente los sábados por la tarde, domingos y festivos. Y el futuro pinta aún más negro. Los autónomos que prestan el recurso, esos hombres y mujeres que trabajan donde viven, se temen que la Diputación vuelva a empeorar las condiciones exigidas hasta obligarles a claudicar, a desaparecer, para ir cubriendo el recurso con empresas de alquiler de vehículos. Hachazo y privatización.

La eliminación de este servicio los fines de semana y festivos se impuso, en realidad, el 1 de julio de 2012 con la adjudicación de los nuevos contratos por un año. No obstante, la taxista que cubría la zona de Trebiño Este se negó a firmar el suyo porque no estaba de acuerdo con ese recorte ni con las condiciones económicas impuestas, como el paradójico hecho de que se penalice a quien más trabaja. Al final, consiguió una prórroga extraordinaria del anterior contrato. Y así continuó laborando, 24 horas, sin restricciones, cada vez que recibía una llamada, hasta que al pasar doce meses su especial situación ha expirado. "Volví de vacaciones recientemente y me encontré una carta que anunciaba el fin de la prórroga. El 3 de julio, una empresa privada de alquiler de vehículos ya estaba prestando el servicio", explica Yolanda Urarte. Es Vicolux S.L.

Si los demás taxistas rurales firmaron sus contratos fue por necesidad, no por estar de acuerdo con las nuevas exigencias. "Yo tenía otra alternativa", explica esta profesional, "pero muchos de mis compañeros se habrían quedado sin trabajo si hubieran hecho lo mismo". Ha pasado el tiempo y todos insisten en que no tiene sentido que la Diputación recortara el servicio con la excusa de que su uso en fin de semana y festivo era mayoritariamente ocioso. La escabechina ha dejado una larga lista de afectados: Begoña, de 45 años, que recorría tres kilómetros los sábados por la tarde para ir al trabajo en Vitoria; Tere, de 76, que hacía diez para visitar a la familia; María Jesús, de 66, obligada a desplazarse para realizar las compras de la semana; Iñigo, de 15, que salvaba con el taxi tres kilómetros para salir un rato con los amigos gasteiztarras...

Estudiantes, amas de casa, trabajadores y jubilados, en su mayoría. Gente que carecía de vehículo propio y que por 1,70 euros podía trasladarse a la parada de autobús más cercana. Ahora, todas esas personas han de pedir favores a familia y vecinos, o dejarse el dinero en un taxi no subvencionado si es que se lo pueden permitir, para continuar cumpliendo con sus rutinas de fin de semana. Yolanda se pregunta "qué pasaría si sucede esto mismo en Vitoria, si un domingo, de pronto, deja de funcionar Tuvisa y el tranvía". No es raro que la zona rural alavesa se sienta de segunda. "Los políticos alaban la vida de los pueblos, nos felicitan por lo bonitos que están, por la vida que hay en ellos, por nuestra contribución a la economía, luego hablan de la necesidad de un desarrollo verde, de la movilidad sostenible... Palabras que, a la hora de la verdad, se las lleva el viento", reprocha esta mujer.

Celia Villanueva comparte al cien por cien la crítica de su compañera. Ella y todos los autónomos que ofrecen el servicio. "Es un recorte injusto y discriminatorio, que crea un gran agravio comparativo entre pueblos y zonas", alerta. Por eso, ahora que la Diputación acaba de conceder una prórroga a los taxistas rurales hasta el 31 de diciembre -mientras se estudian los cambios en las líneas de autobuses del territorio-, el asunto ha vuelto a ponerse encima de la mesa. Jesús Berganza, encargado de la zona Añana Este, tiene claro que "el argumento de que se suprimía porque se usaba sobre todo por ocio no es un argumento y resulta un sinsentido que siga pasando el autobús de línea y no lo haga el taxi subvencionado". A su juicio, "los pueblos más desprotegidos aún lo están más así, ya no es que sean ciudadanos de tercera, sino de decimosexta".

Si la modificación pasó desapercibida cuando se aplicó fue, según Celia, "porque la zona rural no tiene mucha población y parece que se conforma, como si un derecho tan básico como el de la movilidad fuera un privilegio". Tampoco el gremio hizo pública la tijera, dispuesto a seguir trabajando discretamente con la administración para garantizar un servicio digno tanto para las personas que lo reciben como para quienes lo prestan. Pero, según dicen los afectados, la cerrazón del departamento de Transportes ha sido constante."Se podría haber eliminado algún autobús y así no quitar de cuajo el servicio a demanda de los fines de semana, pero no se aceptó esta propuesta", explica Yolanda.

La Diputación tiene la fuerza y la honda. No sólo la supresión del recurso la mayor parte del fin de semana y festivos parece una batalla perdida. Los taxistas rurales también se pegan cabezazos contra la pared cada vez que intentan convencer a la administración de la necesidad de modificar sus contratos de trabajo. Las condiciones exigidas por el Ejecutivo foral están haciendo que muchos de ellos pierdan dinero en vez de ganarlo. El concurso del año pasado estableció un precio fijo por viaje de 22 euros, sin importar la distancia recorrida por desplazamiento en cada una de las 17 comarcas en que se divide el transporte a demanda de los pueblos.

"Esa medida es ilógica, porque Trebiño Este tiene las peores carreteras", explica Yolanda. Además, a partir de un número determinado de servicios, esa ganancia se va recortando de manera porcentual. O sea, que "cuanto más trabajas más pierdes". Un sinsentido que, de no enmendarse, podría obligar a algunos de ellos a tirar el volante. "Bastaría con poner el taxímetro, pero no sé por qué parece que a la Diputación le gusta complicarse la vida. Y lo que no puede ser es que haya autobuses que lleguen a puntos a los que no deberían llegar y que a los taxistas rurales nos paguen la mitad o menos de lo que deberían", apunta el responsable de Añana Este.

Estos profesionales defienden la necesidad de dignificar sus puestos de trabajo para generar y mantener el empleo en la zona rural, pues ellos viven en los pueblos. Sin embargo, a la Diputación parece no impactarle este argumento. Al revés. Según explican Yolanda y Celia, el departamento de Transportes resta las exigencias del colectivo con la amenaza de contratar empresas de alquiler de vehículos. "Grandes empresas de la ciudad que pertenecen a compañías de autobuses", explica Yolanda. "Y a las que, para colmo, no se les exigen las mismas condiciones", matiza Celia. Por poner un ejemplo, esos coches "carecen de taxímetro", así que cabe preguntarse "cómo justifican cada uno de los viajes que realizan". Tal vez se equivoquen, pero los taxistas rurales temen ya que el objetivo del Ejecutivo foral pueda ser poner trabas para allanarse el camino hacia la privatización.

Incluso la incorporación progresiva de algunos recorridos de transporte escolar, buena medida a priori, plantea dudas por cómo el departamento foral va a organizar el trabajo a partir de septiembre de forma que se puedan optimizar recursos sin perjuicio para quienes dan movilidad a los pueblos "Yo tuve que rechazar dos rutas el año pasado", explica Celia, "porque los horarios eran incompatibles con lo que me había adjudicado la Diputación". Y ya queda poco tiempo para la nueva cuenta atrás. Por eso, aunque todas las propuestas trasladadas hasta ahora hayan caído en saco roto, los taxistas rurales continuarán tratando de convencer a la institución de la necesidad de mejorar sus condiciones y las del servicio para responder a los derechos de la zona rural. Fuerzas no les faltan, aunque sean conscientes de las dificultades. "Está claro que si la cosa sigue así, tendré que cerrar el chiringuito, porque una trabaja para ganar dinero, no para perderlo", confiesa Celia, tras más de una década rodando por las carreteras de Trebiño Oeste.