DONOSTIA. El ministerio público ha abierto diligencias informativas sobre la suspensión de las obras de la planta de Zubieta para analizar si las importantes indemnizaciones que habría que pagar por ello son consecuencia de una mala gestión del Consorcio de Residuos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Calparsoro ha explicado que la apertura de este expediente ha sido "una actuación de oficio", ya que no existe "ninguna denuncia". En este sentido, ha apuntado que la Fiscalía cree que la paralización de la construcción de la incineradora es un hecho que, "desde la perspectiva del principio de legalidad y del interés social, merece un estudio, un análisis y una valoración".

Según ha precisado, "se está hablando de unas cantidades económicas enormes, donde se está produciendo, al menos es lo que parece, un déficit, una deuda que va en detrimento del ciudadano guipuzcoano, y una situación de emergencia económica, como ha sido definida incluso por el diputado general de Gipuzkoa". "Por ello, la Fiscalía no puede mirar hacia otro lado", ha asegurado.

Tras aclarar que no está "prejuzgando cómo acabará" la investigación y que no se están atribuyendo previamente responsabilidades, ha indicado que la Fiscalía, en casos de este tipo, "por lo menos, debe analizarlo y estudiarlo", y luego, "en base a la información que obtengamos, si procede y si hay evidencia de algún tipo de acción ilegal, se iniciaría".

En cualquier caso, ha reiterado que "la responsabilidad" del ministerio público en este caso "debe ir en esa dirección" y ha explicado que no está "metiéndose" en si debe haber incineradora o no, porque eso "no es competencia, ni muchísimo menos, de la Justicia", sino decisión de la Administración competente.

Juan Calparsoro ha reconocido que, por "los datos que se están dando, los informes y las valoraciones, se está hablando de unas cantidades económicas que están suponiendo un elemento, por lo menos de honda preocupación".

"Se está hablando de unas cantidades que merecen valorarse desde el principio de legalidad y, sin adelantar el resultado. Ya veremos cómo acaba la investigación porque hay que estudiarlo a fondo", ha insistido, para recordar que la Fiscalía tiene seis meses de plazo para estudiar los hechos.

El Fiscal Superior vasco ha indicado que lo que compete a la Justicia es la valoración de si "la actuación de los responsables de la administración se atiene o no a la legalidad y, si no fuera así, se tendría que iniciar alguna acción legal".

Calparsoro ha considerado "prematuro hablar de una calificación jurídica" en el caso de que se demostrara "mala gestión", pero ha señalado que, "en el caso más grave de que se entendiera que hay una actuación arbitraria contraria a los intereses generales, podría incurrirse en un delito de prevaricación o, incluso, llegado el caso, malversación de caudales", pero, en todo caso, sería en el "supuesto más grave".

"A veces, la gestión nos lleva a tomar decisiones que han que afrontarse y responder ante el ciudadano, porque, al final, el dinero publico proviene del ciudadano que esta pagando los impuestos de una manera costosa", ha concluido.