Madrid. Los votos en contra de prácticamente toda la oposición parlamentaria -excepto UPN y Foro-, sumados a las protestas de la marea verde y a un "muy deficiente" otorgado por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, no fueron capaces de hacer que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, reconsiderara su criticada reforma educativa. El pleno del Congreso debatió y rechazó ayer las once enmiendas de devolución que se han presentado al proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El amplio rechazo concitado por el proyecto hizo que la oposición augurara una trayectoria muy corta a la próxima ley de Educación, por considerar que no ha sido consensuada ni dialogada, sino que el Gobierno español simplemente pretende "imponer una ley ideológica". "Su ley nace muerta y usted es pasado. Retire la ley y que un nuevo ministro de un nuevo Gobierno lo intente con consenso", propuso el portavoz socialista, Mario Bedera, al ministro de Educación en el debate de las enmiendas. Bedera, que acusó al ministro de "soberbia e intransigencia políticas", anunció que el PSOE recurrirá la ley en el Tribunal Constitucional si es aprobada tal cual, como un modelo "insolidario y elitista", plagado de "obstáculos" para que los alumnos no puedan prosperar y convertir la educación en "mercancía".

"Sordo y excluyente" El PNV, que también había presentado enmienda a la totalidad, sostuvo, en palabras de su diputada Isabel Sánchez Robles, que la LOMCE presenta una visión "empobrecida" de la educación, no respeta las competencias de las autonomías y pidió al ministro que abandone "la actitud sorda" y retire el proyecto de ley. La parlamentaria jeltzale aseguró que el proyecto de Ley "es sordo, segregador y excluyente, centralizador y uniformizador". Por ello, Sánchez Robles solicitó a Wert que se "sobreponga a sus inercias y miedos y adopte una actitud valiente retirando este proyecto de Ley para comenzar de nuevo".

Durante el debate de totalidad del proyecto, que tuvo lugar en el Senado por las obras que se realizan en el Congreso, la parlamentaria del PNV denunció que la LOMCE "supone una infracción flagrante del régimen constitucional de reparto competencial" y defendió el sistema educativo vasco, "cuya situación y realidad alcanza los ratios de la media europea, e incluso la supera". Sánchez Robles aseguró que la LOMCE, además de una "auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico formal, lo es aún más en la medida en que pone en riesgo el sistema educativo vasco".

Por último, la diputada vasca criticó que el proyecto de Ley "carece de lógica pedagógica, no define las finalidades y objetivos educativos y no concreta el perfil de salida del alumnado".

Por su parte, el ministro de Educación volvió a justificar su reforma educativa con el argumento de que el sistema escolar vigente está anticuado y estancado, es excesivamente rígido y uniforme y no proporciona los resultados académicos deseados. Argumentó que la reforma busca aumentar la calidad de la enseñanza, disminuir la tasa de abandono escolar prematuro (situado en el 25 %) y mejorar de forma significativa las posibilidades de empleo de los jóvenes.

Su intervención provocó protestas de los diputados, como cuando preguntó "¿debo entender, señorías, que el ejercicio de ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley que han exhibido la mayor parte de los oradores obedece a pereza mental y falta de deseo?". El ministro sugirió también si "la condición estrictamente de devolución de las enmiendas que han planteado los grupos implica que consideran que el estado de la educación en España es suficientemente bueno como para no aceptar un cambio en las reglas del juego" o es que acaso "son incapaces de plantear una alternativa a este estado de las cosas".

De verde Vestida con la camiseta verde en defensa de la escuela pública, como el resto de sus compañeros de Izquierda Plural, la diputada Caridad García señaló que la educación española necesita "menos sobres y ladrillos y más laboratorios y becas".

Seis formaciones del grupo mixto -ERC, Amaiur, BNG, CC, Compromís y Geroa Bai- defendieron en la tribuna la retirada de la reforma educativa al considerar el proyecto nace "muerto" por no contar con consenso, ni respaldo. Uxue Barkos, de Geroa Bai, reprochó a Wert que se apoye en la mayoría absoluta para sacar adelante la norma. Maite Ariztegi, de Amaiur, resaltó que el único objetivo de la reforma es "españolizar" el sistema educativo, al igual que la diputada del BNG Rosana Pérez. Joan Tardá, de ERC, anunció que su formación trabajará para que el Gobierno catalán no la acate.