DONOSTIA. EL PP ha interpuesto un recurso en un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia contra la decisión "caprichosa y arbitraria" del gobierno de Bildu de impedir la celebración de las corridas de toros en el coso donostiarra.
El portavoz popular en el Ayuntamiento de Donostia, Ramón Gómez, ha explicado hoy en rueda de prensa que su partido ha optado por la vía judicial después de que se haya desestimado el recurso de reposición que presentaron en mayo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de excluir las corridas de toros de los usos y actividades del complejo de Ilunbe.
En el pliego de condiciones aprobado en marzo por el gobierno de Juan Karlos Izagirre para los usos del Donostia Arena hasta 2016, se establecía que la plaza podría alquilarse para actividades culturales, deportivas o artísticas, pero no para aquellas que implicaran "cualquier forma de maltrato animal".
Gómez ha destacado hoy que las corridas de toros son "una actividad completamente legal en el País Vasco" y que "así lo certifica" la Ley de Espectáculos Públicos de 1995.
Entiende que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, además de chocar con los criterios de "razonabilidad jurírica", suponen "un verdadero abuso y defraudación legal".
Ha señalado que las corridas de toros y los espectáculos taurinos sólo pueden ser regulados por el legislador, en este caso por el Parlamento Vasco, "y no por Bildu y los caprichos del señor Izagirre".
Además, destaca que destinar una plaza de toros como la de Ilunbe a usos "no conformes a su naturaleza quiebra el natural destino de este bien patrimonial municipal".
Gómez ha destacado, asimismo, que el acuerdo del gobierno municipal se opone "radicalmente" a los principios de "eficiencia, economía y rentabilidad" al establecer el canon en 25.000 euros en contra del acuerdo del pleno, "con lo que se descartan ingresos posibles por importe de hasta 352.000 euros".
Ha indicado que un informe de la repercusión de la feria taurina donostiarra fija en 117 millones de euros los ingresados desde que se inauguró la plaza, 43 correspondientes al impacto en la hostelería y 44 al movimiento generado por la propia actividad económica.
El edil popular ha afirmado que la capital guipuzcoana no puede permitirse "el lujo" de perder esa cantidad de dinero y por eso han decidido recurrir a los tribunales.
