hace tiempo que las cartas están repartidas y que los jugadores conocen su papel en la partida. Cada uno guarda en su baza la fuerza de sus figuras y la prestancia de sus faroles a la espera de confrontarlos con los de los rivales. Cuando eso suceda, la suerte estará echada y Garoña y sus posibles víctimas conocerán de primera mano el resultado de un juego que dura ya demasiado. A escasas horas para que se cumpla el plazo para el eventual cierre de la planta atómica del burgalés Valle de Tobalina, el proceso que ha de poner punto y final a la central nuclear más antigua del Estado aún presume de permitir una abanico de posibles escenarios futuros que no hace sino incrementar la sensación de hartazgo entre la sociedad alavesa -mayoritaria a la hora de mostrarse contraria a la citada instalación eléctrica-. A ese clima de incertidumbre contribuye la medida ambigüedad defendida tanto por Nuclenor -propietaria de la planta- como por el Gobierno central, que ha apostado decididamente por la continuidad de Garoña por encima de cualquier prevención. En definitiva: sobran incógnitas y faltan certezas.

Entre estas últimas se encuentran las disposiciones redactadas por boletines oficiales y por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en el conjunto del Estado. Fuentes del citado organismo consultadas por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, confirmaban la evidencia. La única orden ministerial vigente es la que impone para mañana el cierre de la central. A dicha disposición habría que añadir una nueva orden ministerial que, por lógica legal e institucional, debería quedar recogida en el BOE antes del día 6. Por lo demás, el trabajo del CSN "está hecho". Así, el mandato -al cierre de la presente edición no había constancia de su redacción- debería contener la documentación del cese de explotación y el camino a seguir para ello.

Por lo tanto, salvo carambola normativa extraordinaria, el cierre de Garoña debería llegar este fin de semana. Sin embargo, de suceder así, nadie garantiza que la voluntad política pase por mantener el cerrojo sobre la instalación. De hecho, fuentes conocedoras del proceso indicaban ayer a este rotativo que nadie conoce los derroteros que tomarán las políticas empresariales y energéticas a corto, medio y largo plazo y que, según las circunstancias, un decreto del Ejecutivo puede desandar el camino andado para dar con el cierre de la central nuclear.

Sobre el particular, desde el CSN se explican los acontecimientos vividos en los últimos meses. Así, para entender los entresijos de este particular juego de cartas habría que retrotraerse al pasado mes de mayo. Entonces, desde el Ministerio de Industria -liderado por el pronuclear José Manuel Soria (PP)- se envió una misiva al regulador interesándose por la posibilidad de modificar la orden de cierre -ejecutiva, en principio, mañana-. En aquella petición de información, desde el Ejecutivo central se interrogaba por la posibilidad de que la instalación eléctrica estuviera un año parada (como en la actualidad y desde enero, es decir, sin combustible). Distintos portavoces entienden que desde el Gobierno se pretendía ganar tiempo en una hipotética negociación con Nuclenor. Tal circunstancia devendría, precisamente, del órdago sobre la mesa de la explotadora de la instalación eléctrica al anunciar su intención de no seguir con la actividad de Garoña por motivos impositivos derivados de la reforma legislativa impuesta por el PP para regular el mercado eléctrico. Así, sin central no cabría pago de impuestos. Y, sin recaudación, la caja gubernamental no llegaría a los límites previstos. Bajo tales circunstancias se desarrolla el actual juego de intereses.

En cualquier caso, desde el CSN se trasladó al departamento de Soria la necesidad de emitir la correspondiente orden ministerial contraria a la ahora vigente antes del 1 de junio. Sin embargo, no se hizo. Ello no quiere decir que la decisión esté tomada y que ésta sea definitiva. No en vano, hay pistas que sugieren todo lo contrario. Por ejemplo, la comunicación entre la dirección de Nuclenor y el comité de empresa de la central. En dichas conversaciones, acaecidas el pasado miércoles, la compañía trasladó a su plantilla que el cierre es "reversible". Es más, también sugirió que a partir del lunes 8 trabajarán en un "periodo de transición" hasta que se decida el futuro de la planta, según indicaba el portavoz de los trabajadores, Alberto César González.

Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la central? En principio, a medio plazo todo es posible, incluso un cierre para una posterior reapertura bajo nuevas condiciones, tanto de seguridad como económicas. En ese juego parecen estar tanto el Gobierno -que en todo este proceso no se ha molestado en ocultar sus presiones hacia el regulador- como Nuclenor. En cualquier caso, a partir de mañana, los responsables de la planta deberán seguir los dictados impuestos por el CSN en un protocolo rigurosamente redactado. Éste explica que, a partir de la referida fecha, habría que extraer el combustible de la instalación y dejarlo enfriar para que pierda radioactividad en la piscina de la planta. Después, desde la empresa se debería informar al regulador sobre el proceso de desmantelamiento para que la citada institución dé el visto bueno.

Todo ello impone un panorama a tres años vista en el que, de confirmarse el cierre, se procederá a la fase de desmantelamiento y al cambio de titularidad de la planta en favor de la empresa pública Enresa. Según señala la Agencia Efe, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas fija en sus artículos 29 y 30 los pasos a seguir, que incluyen la solicitud de autorización de desmantelamiento por parte de Nuclenor y que deberá aprobar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Al respecto, el regulador ya ha aprobado las condiciones de seguridad y protección del cese de explotación, teniendo en cuenta los riesgos asociados a la situación de parada definitiva de la instalación y las actividades a desarrollar hasta el desmantelamiento.

La misma fuente asegura que, según fuentes de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, el traspaso de una nuclear desde su cierre hasta su desmantelamiento es un plazo variable, pero por su experiencia en otros proyectos gira en torno a los tres años. "Pero depende de que tanto el propietario como la empresa que va a realizar el desmantelamiento cumplan sus actividades previas (desarrollo de un plan de gestión del combustible y plan de desmantelamiento)".

Manifestación el domingo En cualquier caso, este vaivén de posibilidades incluye posicionamientos como el adoptado ayer por Ecologistas en Acción, que considera que el cierre este sábado de la central es algo "irreversible". Al respecto, ha convocado para el domingo la "última" marcha contra la instalación burgalesa, informó ayer su portavoz, Luis Oviedo. Éste señaló que en la actualidad "lo único real" es el expediente que está tramitando el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear que establece las "condiciones seguras" del cierre de la central e inicio del desmantelamiento. El portavoz explicó que "ésa es la realidad" con independencia de las informaciones de Nuclenor sobre el "doble escenario" de continuidad y cierre .