De tanto tensar la cuerda, finalmente ha acabado por romperse. Los trabajadores de los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Gasteiz iniciarán este próximo lunes 8 una huelga indefinida contra la reducción forzosa de horarios decretada por el alcalde, Javier Maroto, y para reclamar sustituciones de personal, así como la elaboración de un estudio sobre las cargas de trabajo. Los constantes recortes en este ámbito han hecho estallar el conflicto laboral, aunque "la gota que ha colmado el vaso", según el colectivo de trabajadores, ha sido este último decreto que ha supuesto la disminución de un tercio de la jornada para seis trabajadores de estos servicios. Cabe recordar que en diciembre de 2011 fueron despedidos 17 administrativos que trabajaban en las oficinas de San Antonio, algo que se repitió en junio del año pasado con cinco trabajadoras sociales más. Motivos suficientes, entiende el colectivo, para plantarse.

Los trabajadores denunciaron también ayer la falta de sustituciones y la "inestabilidad en los contratos de programa", al tiempo que las cargas de trabajo han aumentado "de forma considerable" debido a una mayor demanda ciudadana, con lo que "la atención que se presta no puede ser óptima ni de calidad". Con esta convocatoria de huelga, los trabajadores pretenden que el Ayuntamiento no lleve a cabo la reducción de horarios, que consolide los contratos de programa, que autorice las sustituciones y que se haga un estudio sobre las cargas de trabajo para determinar las necesidades de personal.

Este "deterioro" de los servicios sociales municipales también fue denunciado ayer por el grupo municipal del PNV al hilo de otra cuestión, dos casos de violencia de género que "no pudieron ser atendidos con la urgencia necesaria" debido a la falta de personal en una de las oficinas de atención. El Ayuntamiento se apresuró después a desmentir esta denuncia.

El grupo municipal jeltzale demandó al equipo de gobierno una "intervención urgente" para evitar situaciones como ésta. En un comunicado, el portavoz del grupo nacionalista, Gorka Urtaran, y la portavoz en Servicios Sociales, Nerea Melgosa, criticaron que la reducción de horarios de atención, la no realización de sustituciones de personal y el hecho de que no se cubran puestos vacantes por jubilación está llevando a estos servicios a una "situación límite", en la que "se han incrementado las listas de espera, no se han podido atender urgencias" y la plantilla ha hecho oficial la ya citada convocatoria de huelga. "Se está mandando a casa, por ejemplo, a personas que buscan ayuda inmediata para cubrir necesidades básicas dándoles cita para septiembre", indicaron.

Para el PNV, "las medidas de reorganización del personal que está introduciendo el PP "no funcionan", sino que han llevado a la plantilla "a una inestabilidad muy preocupante" que afecta directamente a la población más vulnerable de Vitoria. "Si ya es malo que en cualquier otro servicio municipal se cierren ventanillas, aquí es sencillamente intolerable", defendieron.

Por ello, Urtaran reclamó al alcalde un "compromiso expreso" para que, "en el menor plazo posible", se pongan en marcha todas las sustituciones de personal necesarias y se realice una nueva valoración de las cargas de trabajo de los servicios sociales "teniendo en cuenta la situación real que atraviesan dado que se ven obligados a atender más demanda con menos personal".

En relación al episodio de violencia machista no convenientemente atendido según el PNV, el Gobierno municipal defendió tras la denuncia jeltzale que "en ningún momento se ha dejado de atender a ninguna mujer víctima de violencia de género" por parte de los servicios sociales municipales. El Consistorio aclaró que estos dos casos concretos se enmarcaban dentro del seguimiento que hace la unidad de violencia de género de la Policía Local, por lo que "no demandaban ninguna intervención inmediata y urgente como consecuencia de un episodio de violencia de género".

En este sentido, el Ayuntamiento recordó que todos los casos de violencia de género "son de naturaleza psico-social, por lo que tienen un referente de trabajador social y psicólogo, que fue quien atendió a las demandas del grupo especializado de Policía Local dentro de sus funciones habituales de seguimiento de los casos que tienen encomendados".

La deriva de los servicios sociales de base también fue puesta ayer de manifiesto por el portavoz municipal de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, quien denunció que los "recortes de PP y PNV están destruyendo la cobertura social" en la capital alavesa.

Fernández de Pinedo censuró la reducción de jornada a seis trabajadores en un momento en que la demanda de los servicios sociales "ha aumentado más de un 100 %" y reclamó a la edil de Políticas Sociales, Ainhoa Domaica, que comparezca en comisión de forma urgente para explicar la situación.

Por su parte, el concejal socialista Peio López de Munain alertó también de la situación "crítica" de los servicio sociales debido al aumento de la demanda por la crisis económica, ya que los trabajadores "no llegan" a atender todas las solicitudes.

López de Munain consideró que el Ayuntamiento ha decidido recortar tiempo de trabajo con base en "criterios economicistas, sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos" y reclamó que "se dé marcha atrás y si hace falta se refuercen los equipos en lugar de recortarlos".