VITORIA. El Gobierno Vasco agotará todas las vías para impedir que la ley Wert se aplique en las aulas vascas. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, afirmó ayer que no dudará en acudir al Tribunal Constitucional si, como hasta ahora, el PP se empeña en vulnerar las competencias vascas en materia de educación y no respeta las líneas rojas marcadas por el Ejecutivo Urkullu en la tramitación parlamentaria del proyecto de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Al Gobierno Vasco, dijo Uriarte, "no le gusta en absoluto el proyecto de ley porque invade nuestras competencias y nos lleva atrás con su tratamiento de las lenguas oficiales". La estrategia está definida: intentar alcanzar un acuerdo en el Congreso y acudir al TC en caso, como todo indica que así será, de el PP imponga su rodillo en virtud de su mayoría absoluta. Luego, se verá.
El Gobierno español no solo no ha modulado su reforma educativa para incorporar, siquiera de cara a la galería, alguna de las demandas de la comunidad escolar, sino que in extremis y sin previo aviso ha introducido en el proyecto ley un cambio que obedece a la voluntad de la Conferencia Episcopal Española. Además de eliminar Educación para la Ciudadanía (EPC) y blindar a través de una triquiñuela la financiación de los colegios que segregan al alumnado por sexo (en su mayoría del Opus Dei) en contra del criterio del Tribunal Supremo, Religión deja de ser una maría.
La asignatura de Religión pasa a convertirse en un peso pesado dentro del currículum escolar ya que será evaluable (contará para repetir curso) y su nota servirá para obtener una beca. De esta forma se conseguirá frenar la caída en picado de las matriculaciones en Religión, que ha sido una fuente constante de preocupación de la Iglesia la última década. Religión y su alternativa -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Eticos en Secundaria (en la actualidad no hay)- serán asignaturas optativas desde la Primaria, facilitando así que quien quiera pueda estudiar las dos y no solo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto, en el que eran excluyentes. Además, no se podrá pasar de curso con más de dos suspensos o con dos suspensos si son de asignaturas troncales o una troncal y la lengua cooficial.
Invasión competencial El cambio del sistema de promoción y el refuerzo de Religión son las dos cartas que el ministro José Ignacio Wert ha mantenido ocultas los últimos nueve meses de protestas -en los despachos, en la calle, incluso de las comunidades gobernadas por el PP- y que, sin embargo, han aflorado en la redacción definitiva de la norma. Con algunos matices, los aspectos medulares de la ley Wert siguen intactos: evaluaciones externas en Primaria, ESO y Bachillerato de acceso al título (que sustituirá a la Selectividad); el adelanto de los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato en 3º de ESO, promoviendo una segregación temprana del alumnado; la reforma de la FP con una FP Básica de dos años; la reducción de las competencias de las CC.AA. para fijar los contenidos o la transformación del euskera en una materia de tercera.
La norma mantiene la invasión competencial ya que se fija definitivamente el modelo de enseñanzas mínimas en virtud de un sistema de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración. Según el texto, el Estado definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las troncales y específicas. Las de libre configuración serán completamente definidas por las comunidades, al igual que la enseñanza de sus lenguas oficiales. En cuanto a las evaluaciones, el proyecto cambia respecto del redactado inicialmente: las pruebas de Primaria se realizarán en tercer curso y a nivel estatal, pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades. Por contra, la evaluación externa al término de la ESO y la que se impondrá al final de Bachillerato serán asunto del Ministerio.
Wert ha consumado aquello de "españolizar" a los niños catalanes y mantiene el reto al Govern, imponiendo el castellano como lengua vehicular en su sistema de inmersión lingüística, obligando a la Administración a pagar un privado a quien quiera estudiar en castellano. Para ello, España adelantará 5 millones de euros (para cada 1.000 niños, cuando solo ha habido este año 17 peticiones) que luego detraerá de su financiación a Catalunya. Es decir, que el colegio privado lo pagarán los catalanes. CIU ya ha anunciado que "no dará un paso atrás" en la defensa de su modelo. Y la gran duda es si Lomce será viable, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy fía el 60% de los costes directos de su implantación (entre 408 y 568 millones de euros) a su cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo.
