vitoria. Mucho se está hablando en el Congreso, y no para bien, de la futura Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Pero el PP sigue adelante y ya ha anunciado que el borrador estará aprobado para julio.
Lo dudo mucho. Este borrador viene de hace tiempo, se le están dando muchas vueltas y tiene una contestación política muy fuerte. Todos los grupos de la Cámara estamos en contra y así nos manifestamos, y dentro del PP también hay alcaldes que están presionando al Gobierno de Rajoy para que no vaya adelante. El PP quiere vender esto como una reforma más a nivel europeo, como que está dando pasos reformistas, pero no lo va a tener nada fácil. Claro que puede sacarlo adelante con su mayoría absoluta, pero lo haría en contra de toda la Cámara, lo cuál no es bueno para una ley de estas características, porque alcaldes hay de todos los colores, más adelante puede gobernar otro partido y esto sería un cachondeo. Este proyecto requiere un consenso bastante amplio, así es como debe llegar a la Cámara.
¿Qué elementos chirrían de esta propuesta de reforma?
Esta reforma parte de un supuesto falso. Hay una ley de estabilidad presupuestaria que exige a las administraciones públicas tener un determinado comportamiento en materia de déficit público. De hecho, se llevó a Europa recientemente un pacto de estabilidad en el que se recoge el déficit de los próximos tres años de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Se trata de crear un mecanismo de control para ver que los ayuntamientos cumplen con los compromisos. Pero el primer fallo es que esas administraciones locales no tienen en conjunto déficit o, concretamente, un déficit del 0,2% del PIB, prácticamente inexistente. Entonces, ¿para qué resolver un problema que en realidad no existe?
Entonces lo que realmente busca el Gobierno de Rajoy es...
Lo que quiere es que los municipios pequeños, menores de 5.000 habitantes, no ejerzan las competencias que están ejerciendo ahora. Por un lado, porque no les corresponden y deberían pasar a las comunidades autónomas. Por otro, porque el PP justifica que prestar esos servicios en esos ayuntamientos resulta más caro que hacerlo en ayuntamientos de más de 20.000, por lo que propone que pasen a la Diputación. Y ahí hay otro fallo enorme, porque la conclusión de que los costes en los consistorios de menos de 5.000 habitantes son mayores parte de un estudio que también es falso. Es un informe del Instituto de Estudios Fiscales que desde el punto de vista metodológico no se sostiene para nada.
Teniendo en cuenta la singularidad de Euskadi y del territorio histórico de Álava, ¿esta reforma nos pasará más de refilón o deberíamos preocuparnos especialmente?
Las leyes de estabilidad presupuestaria, que son de donde nace esta reforma, ya consideran la peculiaridad foral. Y el déficit público a nivel de comunidad autónoma se debe establecer entre el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. Así son las reglas del juego y ellos ya lo saben. No obstante, para que quede más claro, nuestro grupo parlamentario ha preparado cuatro enmiendas al borrador para salvar la especificidad vasca, ya que nuestros ayuntamientos dependen de los recursos de las diputaciones. Para entendernos, nosotros tendríamos que cumplir con los objetivos de déficit público que pactemos en la Comisión Mixta de Concierto (entre el Estado y nosotros) y cumplirlos, como marca la imposición europea.
Esta reforma presenta elementos que sí se han ganado el aplauso de buena parte de la ciudadanía, como los recortes de sueldos de los ediles.
Hay unas reglas rígidas que se establecen para los sueldos de los cargos, pero a mí me parecen un poco absurdas. Se van estableciendo rangos en función de la población de los municipios para reducir los sueldos hasta que en aquellos menores de 5.000 habitantes los alcaldes no cobran. Lo que nosotros planteamos a través de una enmienda es que esa regla, de existir en Euskadi, la establezcamos nosotros entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, porque debe ser en nuestro ámbito donde podamos decidir esta cuestión. Posiblemente las reglas que puedan establecerse en Álava no sean las mismas que en Segovia, no tiene por qué.
¿Ve posibilidades a todas las enmiendas que han presentado?
Creo que son bastante claras y se sostienen en nuestro marco competencial, en nuestra peculiaridad foral, dentro de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Concierto Económico... Está perfectamente justificado que seamos nosotros quienes establezcamos las reglas del juego.
