GASTEIZ. La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, ha asegurado que el Gobierno vasco "está comprometido con mantener las partidas presupuestarias necesarias para satisfacer las necesidades del sistema de justicia gratuita".

Agirre, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlamento vasco, ha asegurado que la justicia gratuita es "un derecho básico y esencial" que resulta "prioritario" para el Ejecutivo. Además, ha recordado que se trata de un principio con "rango constitucional".

La viceconsejera ha destacado que es necesario llegar a "un acuerdo, aunque sea de mínimos", con los Colegios de Abogados en materia de asistencia de jurídica gratuita, porque "el sistema tiene que funcionar".

El Gobierno vasco, según ha afirmado, tiene un compromiso "firme" con este derecho, a pesar de "la complejidad del momento". Agirre ha reconocido las "dificultades" que genera "la precaria situación presupuestaria", así como "la necesidad de un adecuado control de los recursos públicos". Todo ello, tal y como ha indicado, "debe conjugarse con la necesaria celeridad en la tramitación de los procedimientos".

La viceconsejera ha afirmado que es "plenamente consciente" de que la retribución de los profesionales que actúan para que este derecho a la tutela judicial efectiva sea una realidad "es escasa.

REUNIONES CON ABOGADOS

Además, ha explicado que está "en permanente contacto" con las asociaciones profesionales para solucionar problemas como el de los llamados "casos de fallidos". En este sentido, ha pedido a los profesionales que "sean conscientes" de que los fondos públicos "son escasos y la Administración está realizando un gran esfuerzo cuándo, en realidad, el Gobierno no tiene por qué gestionar y sufragar los casos fallidos del sistema".

En estos encuentros se está trabajando también sobre la búsqueda de una solución para que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) "puedan tener automáticamente reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita".

Por otra parte, Agirre ha explicado que el Ministerio de Justicia está dispuesto a repartir con las comunidades autónomas la recaudación derivada de la nueva Ley de Tasas de la Administración de Justicia española. Por ese motivo, ha informado de la intención de firmar un convenio con el Ministerio de Justicia "para que esto sea una realidad".