gasteiz. No es la primera vez que el colectivo de apoyo a las personas presas Salhaketa denuncia públicamente las "nefastas" condiciones de encarcelamiento que sufren los reclusos de Zaballa y Nanclares. Volvió a hacerlo ayer, con un nuevo y contundente informe entre sus manos, y seguramente no será la última vez que lo haga, a la vista de las conclusiones que se recogen en él. Según advirtió la asociación, a medida que pasa el tiempo y los recortes en el gasto público se acentúan la situación en las dos cárceles alavesas no hace sino agravarse.
Un año y medio después de que comenzase a recibir a sus primeros presos, los males que vieron nacer a Zaballa siguen ahí, como sus reducidos espacios -gran parte de los módulos están cerrados-, la sensación de "control constante" que sufren los reclusos, el "trato frío e impersonal" con los funcionarios o la mala accesibilidad a las instalaciones. A ellos se han sumado nuevas carencias que también han detectado los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como las goteras y las humedades en lugares donde hay equipos eléctricos, los riesgos relacionados con incendios, las condiciones ambientales deficientes o los problemas de orden y limpieza. Muchas de estas deficiencias continúan sin ser reparadas, mientras que otras "ya no tienen arreglo por razones diversas".
El informe, cuyo encabezamiento ya es llamativo por sí solo, se refiere a unas condiciones "infrahumanas de confinamiento" que a juicio de Salhaketa están motivadas por la imposibilidad de convocar una nueva Oferta Pública de Empleo que dote de más personal a ambos centros. En Zaballa conviven más de 700 personas presas, mientras que en el viejo penal son más de 100 los reclusos que aún se encuentran en tercer grado en condiciones de "abandono", dado que todo el personal técnico y de vigilancia fue trasladado a la nueva cárcel tras su apertura.
El informe de Salhaketa también pone de relieve que los programas sociales de apoyo a las personas presas se han ido "desmantelando" progresivamente y que cada vez se ponen más "cortapisas" a las iniciativas sociales de apoyo dentro y fuera de la prisión, que en muchos casos son las únicas que realizan tareas que debería asumir la propia Administración. Los módulos ordinarios se han convertido en algo similar a unas "microcárceles", dado que los presos desarrollan toda su vida en ellos, sin apenas salidas a otros departamentos, los reclusos sufren una gran "contaminación acústica y lumínica" y las celdas siguen estando ocupadas por dos personas, por lo que la falta de intimidad denunciada por el colectivo desde que Zaballa abrió sus puertas no ha variado un ápice. El informe se detiene además en la "priorización del control y la vigilancia" en el penal por encima de cualquier otra consideración, marcada por la presencia de cámaras "en todas partes" o por que las lunas de todos los cristales están tintadas. También, en los problemas asociados a la asistencia sanitaria, que a juicio de Salhaketa "no puede ser más precaria" habida cuenta de los graves problemas de salud que sufre la mayoría de los internos. El transporte y la accesibilidad a la cárcel siguen brillando por su ausencia, así como los servicios socio-culturales, laborales y ocupacionales.
Respecto a los internos en Nanclares, Salhaketa denunció que la sensación que asalta a la mayoría es de "sentirse totalmente condenadas al ostracismo, sin servicios ni actividades", también sin personal sanitario tras la apertura de Zaballa. El colectivo de apoyo a los presos también denuncia en su informe que en el último año se han producido cuatro muertes no naturales de personas penadas en Álava, dos dentro del penal y otras dos mientras eran trasladadas a Txagorritxu, sin que las autoridades hayan ofrecido explicaciones pero sí hayan hecho gala de "una política de ocultamiento".
