MADRID. En respuesta a la pregunta de la senadora socialista Maria Chivite en el Pleno del Senado, Gallardón ha señalado que en las leyes aprobadas por gobiernos socialistas en 1985 y en 2010 "se preveía la posibilidad de que en determinados supuestos las mujeres fueran a la cárcel" y ha afirmado que "no fueron, porque los jueces las aplicaron con un criterio de ecuanimidad".
"Por primera vez en la Historia de España con el proyecto de ley que nosotros vamos a presentar, no se contempla la posibilidad de que nunca una mujer vaya a la cárcel porque la mujer es una victima del aborto y no es responsable", ha apostillado.
Según ha dicho, el aborto "es un drama" y "un conflicto brutal entre dos intereses jurídicos que deben ser protegidos: el interés jurídico al derecho al proyecto vital de la mujer, que debe ser reconocido por el legislador, y el derecho a continuar por parte del 'nasciturus' en un proyecto de vida". "Resolver ese conflicto es nuestra obligación, no eludirlo, como es la propuesta que ustedes hacen", ha espetado a la senadora socialista.
Fuentes del Ministerio de Justicia matizaron después que la intención es que la ley recoja "expresamente" la prohibición de imponer penas de cárcel a las mujeres que hayan interrumpido su embarazo de forma ilegal, aunque, según han señalado, esto "no significa" que no vaya a imponerse ningún tipo de medida punitiva.
Por su parte, Chivite ha mostrado su malestar por que fuera Gallardón y no la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien respondiera a sus preguntas y ha acusado al ministro de Justicia de querer "retroceder treinta años". Asimismo, ha señalado que "con una ley más restrictiva no va a conseguir proteger al no nacido".
Así, ha aludido a diversos estudios que señalan --según la senadora socialista-- "que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos", sino que "abocan a las mujeres a la clandestinidad aumentando la mortalidad". Por ello, con el objetivo de disminuir el número de abortos, ha instado al Gobierno a "incrementar la inversión en planificación familiar, fomentando el uso de anticonceptivos".
"El Ministerio de Sanidad ya es responsable de una muerte de una persona por tuberculosis al limitar el acceso a la asistencia sanitaria, espero que no sea también responsable de las muertes de las mujeres por abortos clandestinos", ha sentenciado.
Finalmente, Chivite se ha referido a las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha afirmado este martes que "el aborto tiene algo que ver" con ETA, "pero no demasiado", cuando en una rueda de prensa sobre las últimas detenciones de miembros de la banda terrorista ha sido preguntado por la reforma legislativa que planea el Gobierno.
En este punto, Gallardón ha recordado a la senadora que el propio ministro "ya ha desmentido" la información. De la misma forma, ha aludido a las leyes del aborto de 1985 y 2010 para reprender a la senadora socialista sobre la acusación de que la ministra de Sanidad no haya respondido sobre esta cuestión. "Si Gallardón va a dictaminar sobre estas políticas, lo que nos sobra es una ministra", señaló Chivite previamente.
En concreto, Gallardón ha recordado que quienes tramitaron estas leyes del aborto en gobiernos socialista fueron el por entonces ministro de Justicia --en 1985--, Fernando Ledesma, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en 2009.
