vitoria. Lejos queda aquel abril de 2006, cuando FCC desplegaba toda su flota, nada menos que 146 vehículos, en el parking de Mendizorroza para que los ciudadanos pudieran contemplar la letra grande del fichaje más oneroso del Ayuntamiento de Vitoria. Ahora, en la recta final del contrato, se podría decir que el cambio no ha dado los resultados esperados. En la calle prima el descontento y en el Ayuntamiento los grupos de la oposición también se han hecho eco de las múltiples imperfecciones del servicio: contenedores sucios, derroche de agua potable, vehículos dañados, falta de cobertura en los nuevos barrios, abuso de contratos eventuales... Hasta la propia empresa ha admitido que la contrata es deficitaria, aunque ha culpado de la situación al Consistorio. Los fallos, dice, responden a una falta de recursos que se remonta al origen del contrato, con el incumplimiento de las inversiones de mejora comprometidas en ese acuerdo.

El matrimonio de Vitoria con FCC arrancó en marzo de 2006, con la firma de un jugoso contrato por ocho años que dejaba atrás la relación con Cespa. Gobernaba entonces la ciudad Alfonso Alonso. Al poco tiempo, comenzó a comentarse que el que había sido su concejal de Medio Ambiente hasta 2004, José Antonio Pizarro, estaba facturando a través de su consultoría privada una serie de servicios mensuales a esta compañía. Y surgieron recelos. También afloraron pronto las críticas por la manera en que se prestaba el servicio, deficiente según los ciudadanos para los 25 millones que costaba por ejercicio. Y en 2010 los socialistas rehicieron el contrato: había quedado patente que las condiciones del acuerdo premiaban la zonas nobles de la ciudad con un aseo sobredimensionado, discriminaban al resto de barrios situados dentro de la antigua circunvalación y no se podía llegar de ninguna manera a los nuevos.

La reorganización diseñada por el Gabinete Lazcoz se notó, pero no lo suficiente. Las auditorías impulsadas por el Gobierno socialista también habían puesto en evidencia que no se hacía todo el trabajo de calle marcado en el contrato, que muchos vehículos estaban para el arrastre y que los contenedores se encontraban por lo general descuidados. Además, las quejas seguían atiborrando el buzón municipal. Por eso, al final pasó lo que tenía que pasar: el puñetazo sobre la mesa en pleno reinado de la Green Capital. Los grupos de la oposición no dejaban de preguntarse cómo era posible que esta multinacional siguiera llevándose los contratos medioambientales más jugosos de Gasteiz mientras aumentaban las denuncias por deficiencias en el servicio.

FCC tuvo la oportunidad de aclarar dudas, con la asistencia de nueve miembros de la empresa a la comisión de Medio Ambiente de febrero de 2012. El director de la delegación en Álava, Eladio Orive, aseguró que el servicio costaba más de lo que ellos recibían y que si flojeaba era porque el Ayuntamiento no había cumplido con su parte. Puso como ejemplos de inversiones no ejecutadas el reciclaje de aceite, la instalación de siete islas de reciclaje subterráneo, la puesta en marcha de las máquinas limpiachicles o la colocación de contenedores para niños y discapacitados. Sus explicaciones, lejos de disipar las suspicacias, las aumentaron, por lo que los grupos de la oposición instaron a crear un grupo de trabajo para diseñar el pliego de condiciones de la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos, si es que el PP no optaba por regalar los dos años de prórroga contemplados en el acuerdo.

A día de hoy, ya hay dos partidos que apuestan abiertamente por una gestión directa de esta prestación. El PSE cree que debería de ser el Ayuntamiento quien se encargara de la limpieza de la ciudad y Bildu aboga por que lo haga la sociedad municipal Amvisa. De una u otra forma, tanto la inversión como el gasto se quedarían en casa. El gabinete Maroto, mientras tanto, sigue restando importancia a las quejas que suscita el servicio y opina que "aún queda tiempo" para abordar el futuro de la contrata más cara de la ciudad.