vitoria. Un individuo denunció el pasado jueves haber sido víctima de un secuestro exprés en la capital alavesa, algo que está investigando la Ertzaintza. Ésta, según fuentes conocedoras del caso, se está centrando en la investigación de un vehículo para intentar esclarecer lo sucedido, pero no ha facilitado información oficial sobre si el objetivo de este delito era el robo.
Este nuevo caso se suma a los tres investigados por la Policía vasca en Vitoria desde el mes de agosto del año pasado, aunque no se descarta que se puedan haber producido más pero por temor a represalias no se hayan denunciado. Por el momento la Ertzaintza no ha facilitado información sobre el modus operandi de este último caso, mientras que en los tres anteriores fue similar. Abordaban a sus víctimas en la calle, las amenazaban para obligarlas a subir a un vehículo y, una vez cumplido su objetivo de robo, eran abandonadas en un descampado.
El primer caso se produjo a finales de agosto del año pasado. Tres hombres que se hicieron pasar por policías secuestraron a un joven al que, de manera violenta, le exigieron que les entregara una importante cantidad de dinero. Días después, la Ertzaintza detuvo por este delito a cuatro varones con edades comprendidas entre 18 y 40 años, dos de los cuales ya habían estado en prisión y tenían antecedentes por extorsión relacionada con el tráfico de drogas, agresiones por encargo y robos con violencia.
El segundo se produjo al mes siguiente. Dos hombres, uno de los cuales había participado en el anterior, abordaron a otro y, tras presentarse como policías, le amenazaron a él y a su familia para apoderarse de unos 5.000 euros y joyas. La Policía vasca detuvo a los dos sospechosos de 34 y 38 años.
A finales de noviembre del año pasado varios individuos abordaron a dos personas que circulaban en un coche y, tras identificarse como policías y a punta de pistola, les introdujeron en otro vehículo donde les robaron sus pertenencias y les trasladaron a un descampado donde les abandonaron. La Ertzaintza detuvo días después a cuatro varones con edades entre los 24 y los 37 años, todos con antecedentes y miembros de una misma banda.
Sentencia del Supremo En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo (TS) desestimó ayer el recurso presentado por una empresa de seguridad sobre el despido de un escolta que trabajaba en Álava, al argumentar que no fue contratado para proteger a una persona concreta, cuya vigilancia se redujo, sino para el servicio de vigilancia conjunto del Gobierno Vasco. El TS ha resuelto así el recurso de casación presentado por la empresa de seguridad Segur Ibérica, después de que tanto un Juzgado de lo Social de Vitoria como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimaran la pretensión de la empresa de despedir a dicho escolta.
El Alto Tribunal considera probado que este vigilante fue contratado por la empresa Ombuds Compañía de Seguridad S.A. en julio de 2009 y que en noviembre de 2010 fue subrogado a la empresa Segur Ibérica con motivo de la adjudicación por parte del Gobierno Vasco de un servicio de protección en Álava. Sin embargo, en junio de 2011 Segur Ibérica le comunicó la extinción de su contrato debido a que el Gobierno Vasco había dado por finalizado dicho servicio de protección.
El despido de este trabajador se produjo antes del anuncio del cese de la actividad armada de ETA en octubre de 2011, pero dentro del proceso de reestructuración que antes de esa fecha pusieron en marcha tanto el Gobierno Vasco de Patxi López como el Ministerio del Interior, con la retirada o reducción de escoltas a numerosos cargos políticos, empresarios y periodistas.
El TS entiende, al igual que en las sentencias anteriores recurridas, que el objeto del contrato "no fue la protección de una concreta persona, sino que la contrata del Gobierno Vasco que se adjudicó a Segur Ibérica era para la protección o seguridad de un conjunto de personas". Añade que la "prueba de ello" es que cuando el Gobierno Vasco extinguió el contrato que afectaba a este escolta no terminó el servicio de protección a esa persona con la que él trabajaba, sino que simplemente se redujo la vigilancia que tenía asignada. En concreto, esta persona escoltada tenía inicialmente a dos vigilantes privados y, a raíz de la reducción establecida por el Gobierno Vasco, pasó a tener la protección de un único escolta.
Por ello, confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Vitoria que declaró improcedente el despido y condenó a Segur Ibérica a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que antes de ser despedido o que le indemnice con 7.549 euros y abone todos los salarios que no ha percibido desde junio de 2011 a razón de 83,88 euros diarios.
