vitoria. Tres meses después de solicitar su comparencia en Juntas Generales para defender su gestión al frente de la AP-1, el exgerente de VIAS, el jeltzale Unai Grajales, se despachó ayer ante la Comisión de Obras Públicas y Transportes para negar cualquier vínculo con el sobrecoste de tres millones de euros que la diputada del ramo, Alicia Ruiz de Infante, le endosó a comienzos de este año a cuenta de su gestión en la citada autopista.

Grajales defendió su inocencia ante las "gravísimas" acusaciones de la procuradora popular, a la que respondió que en el momento de los hechos sí tenía poderes jurídicos y facultades políticas para firmar el acuerdo que lo incendió todo. Un polémico documento que el jeltzale firmó el 27 de enero de 2011 con Bidelan, la empresa concesionaria responsable del mantenimiento y gestión de la autopista, y que tuvo un sobrecoste de tres millones, según informó la propia Diputación. La interpretación de Grajales, sin embargo, fue otra bien distinta.

Según detalló ayer, en el momento de la firma contó con todas las garantías posibles, ya que la operación estuvo supervisada desde un punto de vista jurídico por el bufete de abogados Cuatrecasas, además de estar bajo conocimiento expreso de Luis Zarrabeitia y Eneko Goia, entonces diputados de Transportes de Álava y Gipuzkoa. Por si fuera poco, "también el Consejo de Administración de Viasa estuvo siempre informado", insistió el exgerente. A pesar de sus intentos por persuadir al resto de miembros de la Comisión, sus palabras sonaron muchas veces huecas. Un portavoz popular reconoció a este periódico que la exposición estuvo llena de claroscuros, "con preguntas que no obtuvieron respuesta y otras que no supo aclarar". Cuestiones como la realización de las obras de mejora en la AP-1 que tuvieron un coste de 400.000 euros anuales y que supuestamente fueron llevadas a cabo a pesar de los informes técnicos, "que nunca las aprobaron y que continúan advirtiendo que no han existido", insistió el mismo portavoz.

Tampoco el Grupo Socialista se creyó la versión de Grajales. "Ha venido como el salvador de una herencia recibida, pero lo cierto es que continúa habiendo muchas dudas", explicó un portavoz. Dudas derivadas de no haber aportado ayer nuevos documentos que avalaran su exposición o dudas respecto a la contradicción de los informes que Grajales y Diputación defienden. Mientras el jeltzale insiste que su actuación resultó beneficiosa para los intereses de Álava, técnicos forales insisten en todo lo contrario.

La Comisión también le echó en cara respuestas lo suficientemente claras como para dar por finiquitado este tema, que sin embargo es de esperar que al menos se alargue hasta el mes de mayo. Entre otras cosas porque el próximo día 9 están llamados a declarar otros cuatro testigos, entre ellos los responsables de Bidegi y Bideilan, y posteriormente, en una fecha aún por determinar, lo hagan Luis Zarrabeitia y José Luis Cimiano, exdiputado este último de Economía y Hacienda, al que Grajales implicó ayer para la sorpresa de todos los grupos. El error, o no, se produjo cuando varios de los portavoces le preguntaron por el retraso de dos años -2009 y 2010- en las facturas que había que abonar a Bideilan, y que la Diputación mantuvo en un cajón a pesar de la elevada cuantía de las mismas, seis millones de euros. "Sobre ese tema preguntadle a Cimiano, que yo no sé nada", vino a decir el jeltzale. Dicho y hecho. Bildu solicitó a continuación su comparecencia en esta misma Comisión, una solicitud que previsiblemente prosperará el próximo día 9.