bruselas. Solo cuatro días después de que el Partido Popular utilizara el rodillo de la mayoría absoluta en el Congreso para aprobar su ley antidesahucios donde la dación en pago es mínima y en casos extremos (cuando sea evidente que de ninguna manera el deudor podrá acogerse a las medidas que llevan a posponer dos años el desahucio porque no ve posibilidad de recuperarse económicamente), la Unión Europea (UE) dio ayer luz verde a una directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios que garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria, y que contempla la opción de la dación en pago, aunque será de carácter voluntario y no general como pedían diversas asociaciones.

Después de dos años de negociaciones, los Veintisiete, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aprobaron un texto legislativo que por primera vez regulará a escala comunitaria la concesión de préstamos para la compra de bienes inmuebles. Las tres partes alcanzaron un acuerdo provisional sobre el contenido de la directiva, que fija estándares mínimos para mejorar la información al consumidor antes de firmar los créditos y para reforzar los derechos de los prestatarios durante el desarrollo de los contratos. La nueva normativa "ayudará a acabar con los excesos y promoverá prácticas de préstamo más responsables", afirmó el vicepresidente de la CE y comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. Se trata de un texto "muy positivo para los consumidores y muy ambicioso", destacó por su parte el eurodiputado socialista Antolín Sánchez-Presedo, ponente del informe del PE sobre la propuesta legislativa y responsable de las negociaciones por parte de la Eurocámara. El texto, que tras su aprobación formal tendrá que ser aplicado por los Estados miembros en un plazo de dos años, se opone a normativas estatales que impidan la dación en pago por acuerdo de prestatario y prestamista, como ocurre actualmente en el Estado.

Dación en pago La normativa prohibirá las penalizaciones al consumidor por el pago anticipado del precio total del préstamo, aunque sí permitirá a las entidades pedir "compensaciones justas" si los prestatarios deciden liquidar la hipoteca dentro de determinados límites temporales. En caso de demoras en los pagos y para evitar los desahucios que se han duplicado por efecto de la crisis en numerosos países, sobre todo, del sur de Europa, se pide a los bancos que la ejecución forzosa de hipotecas o expulsión de los ocupantes del inmueble no sea la primera opción, y que apliquen una tolerancia razonable para buscar otras soluciones. En el mismo sentido, la normativa limita los cargos que se podrán imponer a los prestatarios en caso de impago y pide a los países que tomen medidas para facilitar que los consumidores salden sus deudas y evitar el endeudamiento a largo plazo, entre las que se contempla la dación en pago. Esta opción no era mencionada en la propuesta legislativa inicial al considerar el Ejecutivo comunitario que no había suficiente base jurídica a nivel europeo, aunque finalmente fue incluida en el texto acordado por petición de la Eurocámara. El texto "marca el camino para los Estados miembros", que deberán adoptar las disposiciones necesarias para que estos "estándares y principios mínimos" se apliquen en la práctica, añadió el eurodiputado socialista.

Otra de las novedades destacadas es la obligación de los bancos a entregar a los consumidores una "hoja de información estandarizada", que facilitará la comparación con los préstamos ofertados por otras entidades. Este documento será de fácil comprensión e incluirá información detallada sobre las características del préstamo, y también alertará sobre riesgos como las variabilidad de los tipos de interés o la influencia de divisas extranjeras sobre las mismas. En la misma línea, la normativa prevé medidas contra la publicidad engañosa sobre hipotecas. Asimismo, los consumidores contarán con un "período de reflexión" o "derecho de rescisión" de una duración mínima de siete días tras firmar un crédito hipotecario y antes de que éste sea legalmente vinculante.

Las entidades crediticias no podrán obligar a los consumidores a contratar "paquetes cerrados" vinculados a la hipoteca y que incluyan otros préstamos o servicios, como los seguros, y también demostrar que sus sistemas de remuneración "no incitan a los empleados a tomar riesgos excesivos", entre otras medidas.

Oficinas de intermediación Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Trabajo Social presentaron ayer un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria que pretende evitar, mediante la intermediación de las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de desahucios. Así solicitan al Gobierno Rajoy que institucionalice este sistema de intermediación previo a la interposición de una demanda de ejecución hipotecaria.