Vitoria. "Yo no sabía que ese mismo día me iban a hacer el desahucio. Llegaron a la vez que mi mujer, me agredieron y a ella la cogieron de la blusa, la agarraron y le dieron un puñetazo en el estómago. Yo al ver eso la cogí y me encerré. Recogimos todo lo que pudimos y cuando entraron forzando la puerta la tumbaron entre cinco contra el armario, y dos se me fueron a mí a darme con la porra, yo grabé un vídeo, pero un policía ponía la mano en el móvil mientras le estaban pegando en los glúteo". Así explica Carlos Alberto Peláez el desalojo, el pasado miércoles, de la vivienda en la que vivía en la Avenida Gasteiz de Vitoria y cuyo alquiler dejó de pagar el pasado mes de junio tras quedarse sin ingresos.

Carlos Alberto ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza por la agresión que dice haber sufrido, tanto él como su pareja, por los agentes de la Policía Municipal que acompañaron a la Comisión Judicial en el desahucio, decretado el pasado día 12.

Este instalador de aparatos de aire acondicionado de 41 años y procedente de Colombia explica que la historia de su desalojo comenzó, en realidad, el 22 de febrero de 2010, cuando sufrió un accidente laboral que dañó su rodilla. En la mutua, afirma, se resistían a concederle la baja, por lo que volvió a trabajar en varias ocasiones con la pierna hinchada y fuertemente medicado, hasta que un día sufrió dos infartos en su puesto de trabajo, según asegura, a causa de los fármacos que se le administraron.

Atendido ya por médicos de Osakidetza, Carlos Alberto fue trasladado a la capital vizcaína para ser operado y quedó incapacitado para trabajar. Entró en juicios con la mutua y ganó, pero seguía sin obtener la baja y no podía trabajar, por lo que, afirma, dejó de entrar dinero en casa. Su empresa le incluyó en un ERE de suspensión en el que figuraba al menos hasta hace unos días, pese a que no puede trabajar, y por ello le fue denegado el paro, una irregularidad que confía en solventar en breve. Su mujer, Yaneth Rocío, tiene un empleo de dos horas diarias cuya remuneración no alcanzaba para pagar el alquiler.

Carente de ingresos, Carlos Alberto recurrió a un abogado de oficio, que tras el juicio con sus arrendadores le aconsejó que acordara un aplazamiento del pago, hasta que percibiera la prestación por desempleo, acuerdo que no se produjo. "El propietario del piso me demandó y el abogado de oficio no me avisó del desahucio".

Detenida Cuando apareció la Comisión Judicial se produjo un forcejeo entre la pareja y los agentes, y a partir de ahí las versiones de unos y otros difieren. Según el parte del procurador, la mujer mordió a uno de los policías, y entonces se pidieron refuerzos y se llamó a un cerrajero, pues los inquilinos se habían "atrincherado" en la vivienda. La mujer, de hecho, fue trasladada a comisaría en calidad de detenida. Carlos Alberto admite el estado de nerviosismo en el que ambos se encontraban, pero niega que Yaneth mordiera a los policías.

Ahora su mujer y su hijo de dos años y medio duermen en casa de "una señora de una iglesia cristiana" y él está en la calle, a la espera de cobrar la prestación por desempleo a la que afirma tener derecho. "No tengo a nadie a quien acudir", lamenta Carlos Alberto, que reprocha a su letrado de oficio que no le avisara de que se iba a proceder al desahucio, que se produjo "por sorpresa", lo que generó la situación de tensión que derivó en la supuesta agresión.

"Yo ya llegué al fondo, no hay derecho cómo trataron a la mamá de mi hijo", clama Carlos Alberto, quien afirma que su mujer tiene múltiples contusiones fruto de la actuación de los cinco policías.

La familia alquiló el piso a través de una inmobiliaria, y según explica, tuvo que realizar varias reparaciones por su propia cuenta en la vivienda. Asegura que nunca dejó de pagar la luz o el agua, pero que no podía hacer frente al pago del arrendamiento hasta que no se resolviera la irregularidad administrativa con su prestación de desempleo.