vitoria. El asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, tildó ayer de "irresponsabilidad absoluta" vincular a la plataforma con grupos proetarras, tal y como afirmó la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y agregó que se trata de una "campaña de difamación evidente" y de menosprecio a las personas que han perdido su vivienda tras ser desahuciadas.
Así se explicó Mayoral a las puertas de los Juzgados de Castilla, donde el equipo jurídico de la PAH que asesora a las familias afectadas por la situación presentó un escrito solicitando la nulidad de los procedimientos. "A las personas que se encuentran aquí no les han puesto una pegatina en la puerta de su domicilio, sino que grupos de personas armadas han roto la puerta de su casa, les han cogido a ellos y a su hijos por medio de la violencia y los han puesto en la calle sin una alternativa habitacional", señaló.
Cifuentes afirmó en una entrevista que "la PAH y su lideresa'" parecían tener "ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras", a raíz de la campaña de escraches hacia diputados del PP. La iniciativa consiste en presentarse en el domicilio del político y pedirle personalmente que vote en favor de la iniciativa legislativa popular de la plataforma para reformar la Ley Hipotecaria. Si no está en casa o no quiere abrir, se le pone un pegatina en la puerta, todo con los medios de comunicación como testigos. Mayoral se preguntó si la delegada del Gobierno en Madrid "ha leído la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si la acata, si ha dado órdenes precisas a las fuerzas a su mando para no actuar en más desahucios y si además va a pedir perdón. Es una irresponsabilidad absoluta intentar enturbiar la situación", recalcó.
Respecto a los procedimientos de ejecución hipotecaria vigentes, Mayoral indicó que se trata de una "situación muy grave" que a su juicio viola la legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. "Los desahucios en España fueron y son ilegales y es necesario que cesen las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Creemos que la Iniciativa Legislativa Popular -que la PAH logró registrar en el Congreso tras presionar al PP en los medios- es una buena salida, puede ser importante para acabar con la situación de emergencia para que podamos afrontar esta situación", explicó el letrado.
Por su parte, la portavoz de la PAH, Ada Colau, en quien los populares han centrado sus críticas por los escraches, denunció la "campaña de descrédito" que está sufriendo la plataforma, y que a su juicio se está utilizando para desviar la atención de la problemática de los desahucios y de los triunfos que se están logrando. "Es una vergüenza, es claramente para desviar la atención", lamentó Colau, quien aseguró que la PAH está estudiando emprender acciones legales por unas acusaciones tan graves como el apoyo al terrorismo.
Colau asistió en Barcelona al arranque de la campaña para pedir en los juzgados la anulación de todos los procesos hipotecarios en base a la sentencia del TJUE del 14 de marzo.