Bilbao. El drama de los desahucios ya tiene cifras oficiales. Y como cabía esperar los números de 2012 son terroríficos en el Estado (más de 100.000) y, en menor medida, también en Euskadi (1.884 en la CAV y 646 en Nafarroa). Según la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en base a los datos aportados por los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades, la mayoría de los desahucios en la CAV fueron en Bizkaia (1.111). En Gipuzkoa se registraron 432 casos de lanzamiento, mientras que en Araba hubo 341. En el primer trimestre del año se llevaron a cabo 572 desalojos y en el segundo, 539. Los meses de julio, agosto y septiembre fueron los de menor actividad, ya que solo contabilizaron 327 desahucios, pero éstos volvieron a subir en el último trimestre (446). Las cifras de desalojos en Euskadi están lejos de las de Catalunya, comunidad con más desahucios del Estado (25.422), seguida de Madrid (14.549), Andalucía (13.638) y la Comunidad Valenciana (13.199). En el Estado los desahucios ascendieron a 101.034. Asimismo, el año pasado los tribunales vascos dieron entrada a 1.061 ejecuciones hipotecarias, aunque a fecha de 31 de diciembre estaban en proceso de tramitación 2.024. La mayoría de los casos en curso se concentra en Gipuzkoa, que tiene 1.062 procesos. Le sigue a bastante distancia Bizkaia, que a pesar de contar con más población, tiene 570 procesos en marcha. Araba, el territorio con menos habitantes, es también la que presenta menos ejecuciones hipotecarias, 392. En cuanto a las ejecuciones resueltas, los tribunales vascos concluyeron 1.270 casos.

Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicadas ayer, de esos desahucios acordados se llevaron a cabo al menos 46.408. No obstante, estos datos no diferencian entre viviendas habituales, locales comerciales, naves industriales o fincas rústicas. Los datos tampoco pueden compararse con 2011 porque en las estadísticas que se publicaban hasta ahora no estaban disponibles los acordados por los juzgados de primera instancia y solo se recogían los actos de comunicación y ejecución de otras instancias judiciales (servicios comunes).

No obstante, los datos reflejan que las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales han crecido un 368,7% durante los cinco años de la crisis (2008-2012) al compararlas con las registradas en los cinco anteriores (2003-2007), de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%, según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

críticas del gobierno rajoy Unos datos cuya divulgación no ha sentado nada bien al Gobierno de Rajoy. De hecho, la vicepresidenta del Ejecutivo recordó ayer tras el habitual consejo de ministros de los viernes, que están trabajando para tener "datos solventes y adecuados con los que afrontar la realidad de los desahucios". Con anterioridad, ya había alertado de que los datos de CGPJ incluyen de forma agregada todo tipo de inmuebles y no permiten discriminar, por empleo, entre el lanzamiento referido a una vivienda habitual o a un garaje.

Sáenz de Santamaría recordó que "tiene también que cumplir" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que insta al Estado español a otorgar más protección a los hipotecados en estas circunstancias.

Al respecto, tras recalcar que su Gobierno ha adoptado desde el Código de Buenas Prácticas de la banca medidas "cada vez más rigurosas" en defensa de los deudores hipotecarias con mayores necesidades, la vicepresidenta del Gobierno reconoció que ahora "toca introducir enmiendas importantes" en el proyecto de Ley contra los desahucios que se tramita en el Congreso de los Diputados. En este sentido, manifestó que el Ejecutivo ya ha planteado que la limitación de los intereses de demora a tres veces el precio del dinero y a la necesidad de que se produzcan tres impagos para poder cancelar la hipoteca. Además, exigió "prudencia y moderación" a los miembros de plataformas antidesahucios que se manifiestan ante las viviendas de políticos porque, advirtió, "dicen que defienden" los derechos de unas personas y "conculcan los de otras". Sáenz de Sanmaría reconoció su derecho a opinar y manifestarse, pero recordó que "los derechos en este país no son ilimitados, acaba el de uno cuando empieza el de otro". Y es que este tema preocupa mucho en el PP que incluso ha pedido a sus diputados que "mantengan la calma".

Por otra parte, de los datos recabados por el CGPJ se desprende además que en los juzgados se presentaron 700.208 procedimientos monitorios, mediarisis los monitorios ingresados se incrementaron un 131,2% con respecto a los comprendidos ente 2003 y 2007, que se traduce en subidas medias anuales del 26,2%.